La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia debido a la violencia surgida en Santa Cruz a raíz de la detención del gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, y alertó que defenderá la democracia y el estado de derecho.

En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la COB. Juan Carlos Huarachi, aseveró que la COB no aceptará “actos vandálicos” ni “amedrentamientos” en contra de sectores sociales y populares de Santa Cruz.

Advirtió que la COB, además del Pacto de Unidad y las organizaciones sociales del país, defenderán la democracia y no permitirán que haya impunidad para los autores intelectuales del presunto Golpe de Estado del 2019.

“Nos estamos declarando en estado de emergencia, no solo los trabajadores, la COB, sino que también el Pacto de Unidad y las organizaciones sociales del país. Esta institución va a defender el estado de derecho y la democracia, pero al mismo tiempo vamos a exigir justicia. No puede haber impunidad para los autores intelectuales del golpe del 2019”, aseveró.

En ese sentido, Huarachi anunció que en las próximas horas habrá una reunión nacional de los movimientos sociales para definir acciones en busca de “justicia” por los hechos del 2019.

Entre las medidas señaló que se instalará una vigilia en el penal de Chonchocoro, donde está detenido Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado I, y también en otros departamentos del país donde, dijo, hay intentos de división amparados en la idea de federalismo.

“No vamos a permitir que grupos minoritarios confundan a la población hablando de federalismo”, advirtió.

Camacho fue ingresado a la cárcel de Chonchocoro la madrugada del pasado viernes, después de que un juez dictara cuatro meses de detención preventiva para la autoridad. El gobernador, que es investigado por el caso denominado “Golpe de estado I”, fue aprehendido la tarde del miércoles en el departamento de Santa Cruz.

Desde ese día, iniciaron protestas en Santa Cruz pidiendo la liberación de Camacho y, en medio, se registraron actos de violencia como el destrozo y quema de instituciones públicas e instalaciones privadas, como la del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.