El Comité Interinstitucional de Santa Cruz reapareció en las últimas horas y decidió convocar a una reunión a instituciones y organizaciones sociales para analizar los procesos judiciales iniciados contra sus líderes.

El anuncio fue realizado mediante una misiva por parte del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar. La reunión se realizará este miércoles en la tarde.

La convocatoria se realizará después de que el Ministerio Público aceptó diversas denuncias y decidió unificar los procesos en un solo caso contra los líderes del Comité Interinstitucional y del paro cruceño que se alargó por 36 días por el censo: el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo; y el rector de la Uagrm.

Cada uno de los aludidos ha señalado, por separado, que se trata de una persecución política, criterio que es compartido por sus colaboradores más cercanos.

“Tratan de amedrentar no solo a quienes encabezaron coyunturalmente esta lucha, sino a los ciudadanos que salieron a las calles a manifestarse”, expresó, por ejemplo, el segundo vicepresidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, en declaraciones a El Deber.

Según se sabe, hasta ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) admitió la denuncia presentada por el  denominado Comité Impulsor de Justicia en Chuquisaca por los delitos de discriminación, racismo, organización criminal, atentado contra altas autoridades del Estado, además de atribuirse los derechos del pueblo.

En La Paz también fue presentada una denuncia por la COR de El Alto en contra de Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, líderes de un paro caracterizado por hechos como violencia, racismo, discriminación, saqueos y quema de la sede de los campesinos.

Finalmente, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) también se querelló contra Camacho, Calvo y Cuéllar, por el incendio de su sede regional en la capital cruceña. El hecho ocurrió el 11 de noviembre pasado.

Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, resaltó que lo líderes cruceños no pueden alegar que existe una “persecución política” sólo para evadir responsabilidades por la violencia que se desencadenó durante los 36 días de paro en este departamento.

“Creo que lo más fácil de mencionar cuando uno quiere evadir responsabilidades es señalar aquello, persecución política, y eso ya corresponderá en la instancia que tiene que hacer, estamos hablando de las denuncias que han sido presentadas ante el Ministerio Público, y bueno, el Ministerio Público deberá seguir con el trabajo (de investigación)», señaló la viceministra a la prensa.