El Ministerio Público admitió tres procesos judiciales contra el gobernador de Santa Cruz,  Luis Fernando Camacho; el líder cívico, Rómulo Calvo; y el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar; por los hechos violentos y los perjuicios del paro cívico en Santa Cruz, confirmó este miércoles el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“Son varias las denuncias que se han presentado, tanto en la Fiscalía de Santa Cruz como de La Paz. (…) tenemos tres admitidas con varios delitos en cada una”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

El departamento de Santa Cruz vivió 36 días de bloqueos impuestos desde el 22 de octubre por el Comité Interinstitucional, liderado por Camacho, Calvo y Cuéllar, en demanda del censo 2023. Aunque luego aceptaron la inviabilidad de su exigencia y aceptaron que la consulta nacional sea en marzo del 2024.

Durante la medida, según el Gobierno, se sumaron graves violaciones a los derechos humanos, más de cuatro muertes, una violación grupal y cuantiosas pérdidas económicas.

Lanchipa, en ese sentido, afirmó que las denuncias relacionadas con los hechos violentos “están siendo procesadas” por el Ministerio Público y “pronto se tendrá los requerimientos para las declaraciones de los denunciados”.

Las denuncias

El 31 de octubre, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar denunció penalmente a Camacho, Calvo y Cuéllar por los delitos de coacción, instigación pública a delinquir, entre otros, por los hechos del cabildo del 30 de octubre, convocado por mencionadas autoridades y por los sucesos en el paro cívico cruceño.

El 1 de noviembre, asambleístas de Santa Cruz presentaron una denuncia penal contra el gobernador de Santa Cruz por presunto incumplimiento de deberes, debido a su inasistencia al Consejo Nacional de Autonomía del 12 de julio, donde se acordó realizar el Censo en 2024.

El 11 de noviembre, el ejecutivo de la COR El Alto, Marcel Mayta, presentó una denuncia contra las autoridades cruceñas por ocho delitos, entre ellos: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, violencia política contra mujeres, racismos y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo. La Fiscalía departamental de La Paz aceptó la acusación.

El 24 de noviembre, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia (Csutcb) también demandó a las autoridades por la quema de su sede campesina en la ciudad de Santa Cruz, el 11 de noviembre, durante la violencia desatada por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

El 22 de noviembre, a 32 días del paro cívico cruceño, los tres cruceños fueron notificados por la justicia con una acción de libertad por los actos violentos contra personal médico en el paro cívico. La acción judicial fue interpuesta por Cleotilde López Balderrama, secretaria general del Sindicato de Trabajadores en Salud del Hospital San Juan de Dios.

// Con información del periódico Ahora el Pueblo