Distintos dirigentes de organizaciones sociales y pueblos indígenas de Santa Cruz solicitaron este lunes al Gobierno nacional que convoque a un encuentro plurinacional de gobernadores, alcaldes y rectores de universidades del país para definir de forma técnica la fecha definitiva del Censo de Población y Vivienda.

La petición fue trasmitida a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al titular de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y al portavoz presidencial, Jorge Richter, durante una reunión realizada en la capital cruceña.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, indicó que la reunión debe “convocarse de forma inmediata” y debe contar con la participación de los “gobernadores de los nueve departamentos del país, de los alcaldes de las nueve ciudades capitales y El Alto y también los rectores de las universidades públicas del país”.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas, dijo que en ese “encuentro plurinacional” tienen que participar también representantes de las organizaciones sociales como garantes de ese proceso.

Borda precisó que en las mesas técnicas los técnicos deben determinar la fecha del proceso censal y que éste no se lo fije por “el capricho de alguien que juega sus intereses para su sobrevivencia política”, en clara alusión al gobernador Luis Fernando Camacho, quien exige que esta labor se realice en 2023, petición que hasta el momento no justifica de forma técnica.

Y con esa exigencia, el Comité Interinstitucional, a donde se sumó el gobernador, decretó un paro indefinido desde el pasado 22 de octubre en exigencia de que el censo se realice el 2023.

Tanto Camacho, como los dirigentes del Comité Interinstitucional, alegan que la demanda del Censo en 2023 es un “mandato del cabildo” del 30 de septiembre que reunió 1.530.000 personas, aunque el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) estableció, con criterios técnicos, que solo 229.126 personas acudieron a la rotonda del Cristo Redentor.

En respuesta a ese encuentro, el 21 de octubre el Bloque Oriente organizó un cabildo en el monumento al Chiriguano, donde se exigió respeto al trabajo, se defendió la democracia y se rechazó el paro que está en marcha.

En la reunión con las autoridades nacionales, los representantes solicitaron que se les garantice el libre tránsito y su derecho al trabajo, que es vulnerado por los distintos puntos de bloqueo.

Omar Camay, representante de la nación guaraní, dijo que las comunidades indígenas están sufriendo porque a diferencia de lo que sucede en la capital, donde a una cuadra se puede comprar alimentos, en las zonas rurales se debe caminar “largas distancias para comprar arroz y pan”.

“No es un paro, es un bloqueo. Los más golpeados somos los pueblos indígenas, como siempre”, protestó.

A su vez, el vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Rosendo Alpire, acusó a los promotores del paro de incitar a la violencia, al odio y al racismo al hablar con desprecio de las lenguas indígenas como el guaraní.

Dijo que algunas autoridades, que incluso son descendientes de croatas, se “creen dueños de Santa Cruz” y que “discriminan a los verdaderos dueños de esta tierra”.

“Dicen que es un paro pacífico, pero en las calles están agrediendo, están alcoholizados y faltan el respeto a mujeres y a hombres que quieren trabajar”, reclamó.

Por ello, demandaron al Gobierno nacional que garantice el derecho al trabajo y a la libre circulación de los bolivianos.

// ABI