El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, comparecerá este jueves a una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Florida y se declararía culpable por los delitos de soborno y lavado de dinero.

De acuerdo con un reporte de la estatal Bolivia Tv, la audiencia se realizará de manera presencial.

Hasta ese juzgado, Murillo será trasladado desde el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, donde se encuentra a partir de su detención en mayo de 2021.

Numerado como el preso 02358-506, el hombre fuerte del Gobierno de Jeanine Añez se expone a una sentencia de seis años de cárcel.

La justicia de Estados Unidos ya dictó sentencia a los cómplices confesos de la exautoridad. Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en Florida.

La autoridad judicial sentenció en julio pasado a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de $us 75.000 y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.

Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Arturo Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Añez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición. El daño económico al Estado es de $us 2,3 millones.

De estos 2,3 millones de dólares, 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.

Detenido en una cárcel de Miami desde 2021, se estableció que el exministro de Añez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.