Mineros de Huanuni se movilizan en el centro de la ciudad de La Paz, con detonaciones de dinamita, en rechazo al Decreto Supremo 4783 y en rechazo a la Gestor Pública. También cuestionan el rol de sus dirigentes nacionales por considerar que son sumisos ante las autoridades y no responden oportunamente a los intereses de los trabajadores.

El Decreto 4783 establece que las empresas públicas aportarán una parte de sus utilidades a las políticas sociales, “previa evaluación financiera”. Los mineros consideran que va en contra de los intereses de su sector.

“Estamos pidiendo la abrogación del DS 4783, es de alguna manera atentatoria a todas las empresas públicas y al distrito de Huanuni, puesto que somos una empresa minera que requiere de permanente inversión para profundizar nuestros cuadros, abrir nuevas galerías y generar más divisas al país”, manifestó uno de los dirigentes del sector en protesta a Red Uno.

En su movilización, los mineros buscaron ingresar a Plaza Murillo, pero fueron intervenidos por la Policía, que tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a los marchistas.

Los mineros de Huanuni, asimismo, expresaron su rechazo al funcionamiento de la Gestora Pública y cuestionaron el trabajo de sus dirigentes.

Por ejemplo, rechazaron que la Central Obrera Boliviana no se haya manifestado antes contra el Decreto 1783 y desconocieron al ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe, por considerar que no representa a los intereses del sector.

La semana pasada, los mineros de Colquiri también rechazaron el Decreto 4783, aunque levantaron sus medidas de presión tras llegar a un acuerdo con el Gobierno.

Tras varias reuniones, el Gobierno nacional y la dirigencia sindical de los trabajadores mineros de Colquiri acordaron derogar los artículos observados del Decreto Supremo (DS) 4783 y trabajar en una nueva normativa que reconozca la importancia de las empresas estatales en la política social de los bonos.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que se acordaron cuatro puntos, el primero se refiere a que los trabajadores reconocen la importancia del aporte que hacen las empresas estatales en la política social de los bonos.

Segundo, hacer una revisión consensuada con la Central Obrera Boliviana (COB) y los trabajadores mineros de los artículos observados para ser derogados, y elaborar un nuevo decreto que permita a las empresas estatales (del sector) cumplir con la función social.

“El punto tres, señala que de aquí en adelante se consensuarán todas las normas que tengan que ver o afecten a los trabajadores; el punto cuatro es que los trabajadores levantan sus medidas de presión”, informó Montenegro.