El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó en las últimas horas que la legitimidad del nuevo Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se encuentra en su mandato, el mismo que deberá demostrar con hechos su compromiso con la defensa de los derechos humanos, más allá de las observaciones a la forma en la que fue elegido por el Legislativo. 

“El desafío no está en el origen sino en su mandato, en lo que haga y que dé legitimidad a su gestión (…) Ae establecerá la legitimidad del Defensor del Pueblo a partir de los hechos y de sus acciones, y no a partir de percepciones”, recalcó la autoridad.

Acotó que en los próximos tres meses, el nuevo Defensor tendrá el reto de elegir a los delegados departamentales que deberán ser ratificados por el Senado, establecer una agenda y asumir defensa por los derechos humanos en temas álgidos.

El pasado viernes, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a Callisaya por 2/3 de los votos de los asambleístas presentes. El Movimiento al Socialismo (MAS) aprovechó que gran parte de los asambleístas de oposición no asistieron a la Sesión – la mayoría por participar de los actos cívicos de Santa Cruz- para cambiar la orden del día y luego elegir al nuevo Defensor.

 “Había que romper con el cerco impuesto por Luis Fernando Camacho (de CREEMOS) y Carlos Mesa (de Comunidad Ciudadana). Había un bloqueo sistemático y un interinato de bastante tiempo”, subrayó Lima.

El Ministro recordó la constante demanda de la comunidad internacional de elegir a una o un Defensor del Pueblo titular, en el marco de lo previsto por la Constitución Política del Estado y los reglamentos vigentes.

La autoridad hizo notar que el orden del día establecido para el pasado viernes estaba destinado a tratar los derechos laborales, “habiéndose convocado a asamblea a los diputados y senadores para trabajar el tema de derechos de los trabajadores, en un escenario que no era menor, decidieron no asistir, y se fueron de vacación”, indicó en relación a la ausencia de alrededor de tres decenas de asambleístas de oposición.

El titular de Justicia acotó que la modificación del orden del día se realizó en el marco del reglamento vigente y que con el sueldo que perciben los legisladores, su trabajo debería desarrollarse de lunes a viernes y a través de una correcta fiscalización a los temas de Estado.

“Le pido a la clase política boliviana que asuma su responsabilidad, un parlamentario con ese sueldo debería trabajar al menos cinco días a la semana”, concluyó.