La Fiscalía activará el sello rojo para lograr la captura del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, quien tiene dos órdenes de aprehensión en su contra.

Revilla ya tenía una orden de aprehensión por la denuncia que pesa en su contra por irregularidades en la compra de buses Pumakatari. Ayer, se conoció que se emitió otra orden de aprehensión en su contra por un contrato irregular con la empresa de aseo.

“Vamos a activar el sello rojo. Se ha dispuesto a través de la Autoridad Jurisdiccional ciertos requisitos para que, como en este caso, proceda su arraigo, para posteriormente ejecutar el mandamiento de aprehensión a efectos de que el señor Revilla se apersone y se someta al proceso”, informó Elba Sanjinés, fiscal del caso, según reporte de La Razón.

Ayer, lunes, el Juzgado Primero Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer declaró rebelde y emitió la orden de aprehensión contra el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, porque no se presentó a la audiencia de medidas cautelares, dentro del proceso que se le sigue por los delitos de Contratos Lesivos al Estado e Incumplimiento de Deberes.

El proceso contra Revilla fue iniciado por la actual gestión de la Alcaldía de La Paz por la suscripción de un contrato de comodato con la empresa de recojo de basura Tersa.

“Toda vez que en la gestión del señor Revilla se habría suscrito un contrato de comodato con la empresa Tersa, al no haber cumplido la adquisición de estos predios de Tersa  se iba a pagar un alquiler. En ese entendido hay una suma de $us 100.000 aproximadamente que ya tendría que pagar el Gobierno Municipal de La Paz por concepto de alquileres”, explicó la Fiscal.

Según la Alcaldía de La Paz, el contrato firmado por la administración de Revilla con Tersa “establece obligaciones de contenido patrimonial por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que son obligaciones económicas que el municipio debería cumplir a favor de la empresa Tersa”, cuando al ser un Contrato de Comodato, no debería tener ese carácter por lo que se considera que hay daño económico para la comuna paceña, pero además no cumplió con ninguna de las formalidades previstas en norma vigente.