César Sánchez
12/09/2022 - 10:30

Gestora Pública garantiza las jubilaciones y los recursos de los aportantes, asegura su Gerente General

La migración de información de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) a la Gestora concluirá en mayo de 2023, lo que significa que, a partir de esa fecha, esta empresa del Estado administrará totalmente el sistema de pensiones.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que inició actividades el viernes pasado, garantiza las jubilaciones y los recursos de los aportantes, afirmó este lunes el gerente general de esta entidad, Jaime Durán.

En contacto con RTP, explicó que, de acuerdo con la normativa vigente, desde el viernes 9 de septiembre, la Gestora afilia a los nuevos trabajadores dependientes, independientes, consultores y nuevas empresas.

Asimismo, la migración de información de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) a la Gestora concluirá en mayo de 2023, lo que significa que, a partir de esa fecha, esta empresa del Estado administrará totalmente el sistema de pensiones.

“Para ello, dos puntualizaciones importantes, las jubilaciones están garantizadas y aquellas personas que ya están aportando a las AFPs, no necesitan realizar ningún trámite adicional porque se está llevando adelante un proceso sistemático, ordenado y automático”, indicó.

Remarcó que toda la información relativa a las contribuciones se encuentra en los servidores de la AFPs, la misma se trasladará al software y sistema informático de la Gestora; por lo tanto, “se está tomando todas las previsiones”.

“Las jubilaciones están garantizadas, los derechos adquiridos están garantizados, los recursos que han aportado también están garantizados y no se necesita hacer ningún tipo de trámite”, insistió, en entrevista con Red Uno.

El viernes de la semana pasada, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora dio, inicio a las actividades de la Gestora, con lo que Bolivia deja de depender de las APFs y “profundiza la soberanía en la administración de la economía boliviana”.

La Gestora Pública además es la encargada de pagar la Renta Dignidad, lo cual ahorra al Estado boliviano en la administración de la cancelación de ese importante beneficio a los adultos mayores.

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