Santa Cruz
César Sánchez
15/07/2022 - 18:46

Cumbre Departamental de Santa Cruz da un ultimátum para anular la reprogramación del censo y amenaza con paro

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el alcalde Jhonny Fernández, el dirigente cívico Rómulo Calvo y otras autoridades participaron de la cumbre convocada para tomar medidas en contra del aplazamiento del empadronamiento.

Foto: El Deber

La Cumbre Departamental de Santa Cruz, liderizados por el gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, emitieron una resolución de 8 puntos y un ultimátum al Gobierno para derogar el Decreto que establece la postergación del censo nacional hasta el 2024.

Caso contrario, advirtieron con acatar un paro de 24 horas el próximo 25 de julio y la medida podría ser, a partir de esa fecha, de manera “escalonada”.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el alcalde Jhonny Fernández, el dirigente cívico Rómulo Calvo y otras autoridades participaron de la cumbre convocada para tomar medidas en contra del aplazamiento del empadronamiento.

Camacho, cabe recordar, no asistió a la reunión del Consejo Autonómico que resolvió la reprogramación del censo

Las ocho resoluciones de la Cumbre son:

  1. Rechazar el Decreto Supremo 4760 que posterga el Censo de Población y Vivienda 2022 para el 2024 y exigimos al presidente del Estado su inmediata abrogación, ya que esta postergación no tiene ningún fundamento técnica que lo justifique, constituyendo dicha acción, un atropello a los derechos fundamentales establecidos en la constitución de recibir atención oportuna por parte del Estado en sus necesidades básicas, de alimentación, salud, vivienda, trabajo, empleo y educación, porque sin censo, las entidades estatales responsables no cuentan con la información adecuada para conocer las real dimensión de las situación de la población boliviana.
  2. Ratificamos la Resolución de la Reunión de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo en su punto 2, que exige que la brigada Parlamentaria cruceña inicie las acciones legales que correspondan, contra las autoridades responsables de este atropello a la población boliviana, por incumplimiento de deberes y por daño económico al Estado.
  3. Encomendamos a la Universidad, la Gobernación y el Municipio elaborar una propuesta de Ley Nacional de Censos, donde queden claramente establecidos los períodos censales, intercensales y otras mediciones estadísticas bajo la responsabilidad del INE y de los Institutos Estadísticos Departamentales, para ser presentada y gestionada por la brigada Parlamentaria cruceña.
  4. Encomendar al Instituto Cruceño de Estadística dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, para que en el marco de sus competencias realice la Encuesta Poblacional de Necesidades a nivel departamental, que permita a la Gobernación y los municipios cruceños disponer de la información estadística actualizada para responder de manera pertinente a las necesidades de la población cruceña.
  5. Exigir al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación del Art. 123 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que establece la conformación del Consejo Nacional de Autonomía para la incorporación de los rectores de universidades autónomas a este Consejo, para que el mismo tenga un componente técnico y no solamente político, que evite la manipulación política del mismo, como ha sucedido en el caso de este Censo.
  6. Encomendar a la UAGRM preparar y presentar los proyectos de ley que permitan la coparticipación de los recursos emergentes del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), de las Notas de Créditos Fiscal (NOCRE) y de los Títulos Valores para que sean coparticipables por municipios y universidades en un 20% y 5% respectivamente.
  7. Exigimos que el Presupuesto General del Estado 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el INE y que se cree un fondo de compensación para los municipios que se vean afectados por la pérdida de población, para ser ejecutados de manera concurrente con gobernaciones y el Gobierno nacional. Debemos unidos preparar el camino hacia un verdadero pacto fiscal.
  8. Ratificamos el estado de emergencia departamental y en caso que el Gobierno Nacional no cumpla con las exigencias de esta Cumbre, en el plazo de 5 días hábiles, se convoca a un paro departamental desde el lunes 25 de julio del 2022.

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