La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, destacó este jueves los avances en el acceso de las mujeres a la justicia durante su presentación del séptimo Informe Periódico ante el comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas.

“En el Estado Plurinacional de Bolivia reconocemos que la violencia que se ejerce sobre el cuerpo y la vida de nosotras como mujeres, es un problema estructural que tiene raíces en el patriarcado y se retroalimenta con el capitalismo”, afirmó Prada.

En su informe sobre el eje de la justicia y leyes contra la violencia hacia la mujer, Prada destacó que una de las primeras medidas que encaró el Gobierno es el fortalecimiento de la Ley 348 Por una vida libre de violencia contra las mujeres, mediante la aprobación de un decreto supremo en 2020, con el objetivo de reforzar los avances y trabajar en los obstáculos que se detectaron en los nueve años de vigencia de la norma.

“Este proceso de recolección de propuesta fue masivo y de gran participación ciudadana de mujeres urbanas, rurales, campesinas, de organizaciones sociales, indígena originarias y obreras, y hoy contamos con un proyecto de ley”, sostuvo.

Asimismo, en cumplimiento a la ley 348, se creó 27 juzgados y tribunales de sentencia de violencia hacia la mujer.

La Ministra destacó también que este año, producto de la comisión histórica, el Consejo de la Magistratura anunció la refuncionalización de 28 juzgados que verán temas de violencia, sumando 55 juzgados que trabajar para evitar la mora procesal en casos de violencia contra la mujer.

Comisión

La autoridad de Estado informó también que a partir del mandato del presidente Luis Arce, se creó la comisión de alto nivel de revisión de casos de violación y feminicidio para investigar irregularidades en la justicia y sancionar a los responsables. “Esta comisión debía dar soluciones a los problemas y respuestas a la población”, dijo Prada.

Entre las acciones que se generaron a partir del trabajo de la comisión ante la mora procesal en estos casos, el Tribunal Supremo de Justicia emitió cinco instructivos que tienen finalidad de dar celeridad a la atención de procesos.

Mientras, el Ministerio Publico intervino todas las oficinas de fiscales para verificar el cumplimento de las normas y se desvinculó a ocho fiscales, que tienen procesos en contra en curso, dijo Prada.

En tanto, el Consejo de la Magistratura intervino todos los juzgados de ejecución penal y el 80% de estos jueces están con procesos penales y disciplinarios. Asimismo, se destituyó a 10 jueces por encontrase irregularidades en los procesos.

“Procesar a un total 15 jueces por la comisión de ilícitos e irregularidades al interior de procesos, en el marco de una comisión de revisión de feminicidios y violación, en los que sentenciados fueron librados, es algo histórico en la administración de justicia y un precedente”, enfatizó la ministra.

Prada también destacó que se suscribieron convenios interinstitucionales para intercambiar información sobre el cumplimiento de sentencias y facilitar acceso a la información a la población litigante, entre otras acciones.

“Bolivia se encuentra en un proceso de transformación de la administración de justicia y sigue las recomendaciones de las instancias internacionales”, afirmó.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El Comité de la CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo.