En la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la madrugada de este martes, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, abordó el caso de la expresidenta Jeanine Añez – sentenciada a 10 años de cárcel por el caso ‘Golpe II- y afirmó que “todas las personas tienen derecho a un juicio justo”.

“Durante mi visita (a Bolivia) pude constatar que estos juicios (contra Áñez) han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero, dicho caso pone de manifiesto de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva, todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley”, dijo García-Sayan en su informe.

Recordó que, durante su visita a Bolivia, en febrero de 2022, Añez se encontraba en huelga de hambre, ante lo cual enfatizó que “el Estado se encuentra en una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad y es del Estado la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”.

Por otro lado, García- Sayán también expuso otras de las observaciones que encontró en torno a la justicia boliviana.

Entre ellas, afirmó que existen “prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de su sus vínculos de dependencia con el sistema político del país”.

Afirmó también que “la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción”.

Entre otras observaciones, el Relator mencionó que la jurisdicción indígena originaria campesina está limitada seriamente el ámbito material, la debilidad de la carrera judicial, el rezago procesal y la limitación de la cobertura de los servicios judiciales, código procesal demasiado formalista y modelos anacrónicos de gestión de tribunales.

García-Sayán también se refirió a las masacres de Senkata, Sacaba y de la zona Sur producidas en la crisis de 2019 y lamentó que las víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia.

Por otro lado, observó el proceso de selección de las altas autoridades de justicia que está a cargo de una entidad política como la Asamblea Legislativa y la poca participación ciudadana para apoyar a los candidatos a magistrados.

“Es muy baja la participación del electorado y la mayor parte de votos emitidos fue blanco o nulo, siendo escasa la proporción de los votos a favor de las personas que finalmente fueron elegidas”, afirmó y alentó una reforma integral del sistema con una participación plural.

También expresó sus preocupaciones respecto a la excesiva cantidad de detenidos preventivos que hay en el país. Expuso que siete de cada diez personas están con detención preventiva en cárceles del país sin condena y “en condición muy precaria de detención”. Calificó como “grave” la tasa de hacinamiento en los penales que llega a 349%.

Recomendaciones

En su intervención, el Relator de la ONU también expuso las recomendaciones que dejó para el Estado boliviano y afirmó que ve “la posibilidad de un gran acuerdo nacional sobre la justicia, lo que supondría la participación activa de instituciones públicas relevantes”.

Pidió extremar esfuerzos para reconstituir la confianza entre todos los actores políticos institucionales de la justicia, un debate nacional sobre las reglas de designación de los integrantes de las altas cortes, reformar la Ley de Deslinde Jurisdiccional ampliando competencia de la jurisdicción indígena.

También recomendó restablecer la justicia de paz como una forma de mejorar el acceso a la justicia y descongestionar tribunales, brindar recursos apropiados al sistema judicial y un plan de reforma en la gestión que ahora es ineficiente.

Asimismo, pidió establecer una “efectiva carrera judicial” regularizando a los jueces transitorios antes de fin de año. También pidió atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas adecuadas.

García Sayán llamó también a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas.

“Con respecto a la crisis política de 2019 y 2020 el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio sin hacer caer la iniciativa o carga probatoria en las victimas, sus familiares o sus representantes a los graves hechos ocurridos en 2019”, acotó el Relator de la ONU.