La Empresa Minera Paitití (Emipa) denunció que su gerente genral, Joaquín Zenteno, fue sentenciado a estar encarcelado en el penal de Miraflores por no cumplir con una conminatoria de reincorporación laboral, previamente anulada, de un grupo de extrabajadores de la empresa.

Según la empresa, si el gerente cumplía con tal reincorporación, Emipa habría entrado en quiebra.

“La jueza Katherine Carballo sentenció a 4 años de cárcel en Palmasola al gerente general de EMIPA, por no cumplir con una conminatoria de reincorporación laboral; la misma que, en caso de acatarse, ocasionaría la quiebra de la operación minera más importante del Oriente boliviano”, señaló la empresa.

Emipa es la empresa minera más importante del Oriente boliviano, propiedad de la minera internacional Orvana. Según se comunicó, se aprestaba a realizar en el país una inversión de $us 70 millones para su Proyecto Óxidos, que ahora ha quedado en suspenso por esta medida que la compañía considera injusta.

Según el reporte de El Deber, la CEO de Orvana, Juan Gavidia, afirmó que las violaciones más evidentes del fallo dictado por la jueza Katherine Carballo son: que se negó a recibir la declaración de los testigos ofrecidos por el gerente general de Emipa y que falló directamente en contra del artículo 82 del Código de Procedimientos Constitucionales, al emitir una sentencia estando pendiente de resolución, por parte del Tribunal Constitucional, una Acción de Inconstitucionalidad Concreta.

Asimismo, Gavidia explica que la jueza emitió su fallo sin considerar que la orden de reincorporación, supuestamente incumplida, fue previamente anulada y, por lo tanto, no podía ser cumplida por Emipa.

El CEO de Orvana denunció también que los ex trabajadores de Emipa montaron un campamento en la puerta del Palacio de Justicia, y cuando se solicitó a la Juez que ordenara su retiro velando por su independencia, ella se negó y aceleró el proceso, buscando una sentencia aun en contra de las prohibiciones legales expresas que la obligaban a suspender el caso.

Además, informes técnicos, auditorías externas, informes comerciales y demás pruebas no sirvieron para convencer a la juez de la realidad económica por la que atraviesa la empresa y del impacto negativo que tendría esta reincorporación.

“Lo que se pretende en este caso es reincorporar a trabajadores a un empleo que ya no existe, ninguna de esas personas podría trabajar porque la explotación minera en la que prestaban servicios ha cesado en su explotación. Esta decisión atenta directamente contra todo sentido de lógica y justicia y, de persistir, podría abrir la posibilidad de acciones legales internas y externas para subsanar o pedir la reparación de estas arbitrariedades”, señaló Gavidia, según el reporte del medio cruceño.

Antecedentes

A fines del año 2019, Emipa se vio en la necesidad de suspender actividades de explotación debido a que se presentaron problemas geológicos, mineros y metalúrgicos en su yacimiento de San José de Chiquitos, que impidieron continuar con la explotación.

Antes de hacerse efectiva esta decisión, el gerente general comunicó la situación a la dirección sindical de la empresa y la decisión de proceder con la desvinculación de parte del personal, que fue reportada también a todas las autoridades nacionales, regionales y locales.

En fecha 29 de febrero de 2020 se procedió a entregar personalmente a cada trabajador la carta de retiro; sin embargo, 84 de ellos se negaron a recibir la comunicación y un grupo de estos inició la toma violenta y arbitraria de las instalaciones de la operación; que se prolongó hasta mayo de 2020, en plena pandemia, cuando la empresa logró desalojar a estas personas del campamento.

De estos 84 trabajadores que inicialmente se negaron a recibir sus finiquitos y pago de beneficios sociales, 17 los cobraron, siendo 67 los que se negaron a hacerlo, a pesar de que sus beneficios se encuentran depositados en cuenta fiscal a cargo de un juez laboral.

Los procesos

Este grupo de extrabajadores renuentes presentó demandas de reincorporación ante las instancias administrativas e interpuso amparos constitucionales. Emipa, por su parte, argumentó ante las instancias legales que la ausencia de producción, debido a problemas técnicos insalvables, y la consiguiente falta de generación de ingresos, obligaron a tomar la decisión de desvincular a parte del personal por estas razones de fuerza mayor, y que la reincorporación solo llevaría a la quiebra de la empresa.

“Lamentablemente, estos argumentos no fueron considerados ni evaluados por algunas instancias legales al otorgar la tutela a los ex trabajadores, facilitándoles iniciar tres procesos penales en contra del gerente general de Emipa, dentro de uno de los cuales se emitió una sentencia con múltiples violaciones a los derechos humanos del acusado, como la restricción a su libertad de expresión”, señala la información del caso.

Ahora, según la empresa, la situación se agrava sustancialmente con la nueva sentencia penal que llevará a prisión al gerente general de Emipa, “sólo por evitar la quiebra de la empresa y tratar de garantizar la puesta en marcha de un nuevo proyecto metalúrgico, cuyos costos están siendo financiados por Orvana, la casa matriz de Emipa”.

// Con información de El Deber