Los empresarios privados de Bolivia calificaron como “un acuerdo político” la medida del incremento salarial decidida ayer en una reunión entre el presidente del Estado, Luis Arce y la Central Obrera Boliviana (COB) y reiteraron que la medida tendrá graves consecuencias en el plano económico y social del país.

Ayer, el Primer Mandatario informó que este año habrá un incremento del 4% al salario mínimo nacional y 3% al haber básico.

En ese sentido y tras un análisis de la decisión, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que el incremento salarial tendrá un efecto muy grave sobre las empresas, especialmente las mypes, que se evidenciará en pérdida de fuentes de trabajo, informalización y precarización laboral, insostenibilidad económica y financiera y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones, “lo que derivará en problemas sociales, ocasionados por la desocupación y sus secuelas”.

Los privados mencionaron también que en la actual situación de crisis, los niveles de incrementos salariales impuestos (3% al básico y de 4% al mínimo nacional) son inadecuados, y recordaron que ni el mismo sector público puede permitirse su aplicación a todos los funcionarios del Estado, por lo que tuvo que excluir de su pago al personal dependiente de los Ministerios, Empresas Públicas y la mayoría de entidades del gobierno nacional.

“Esto es, además, una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas, así como a aquellas que pertenecen a distintas regiones y rubros productivos, a las que se les obliga a incrementar los salarios, sin ninguna excepción y sin considerar la situación económica que atraviesan”, señaló la Confederación de Empresarios Privados.

En relación a la posibilidad de que los trabajadores organizados negocien con las empresas un porcentaje mayor de aumento salarial, adicional al 3% obligatorio, la CEB señaló que esta determinación “activa un escenario de discordia que puede generar conflictos, desequilibrios y tensiones, cuyo resultado afectará la gestión de las unidades productivas”.

Finamente, y tras conocerse una lista de normas laborales que se están considerando para ser promulgadas el primero de mayo, la CEPB consideró que estas leyes impulsadas por la dirigencia de la COB “pueden debilitar las relaciones entre trabajadores y empleadores, poniendo en riesgo los esfuerzos por garantizar la viabilidad del sector productivo y reactivación económica del país”.