Luego de quedar sin efecto el mandamiento de apremio en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, desde el Ministerio de Hidrocarburos se denunció persecución en contra de la autoridad, pues “no se cumplieron las sentencias constitucionales”.

Después de la valoración de una autoridad judicial, se evidenció que Laura Vásquez Peñaranda, juez de partido de trabajo y seguridad social N° 2 de la capital de Pando, quien ordenó la aprehensión del Ejecutivo, vulneró derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).

“Hemos demostrado de manera objetiva y con prueba documental que la juez de Cobija hizo un procesamiento indebido y, en consecuencia, se ha dado una persecución absolutamente ilegal contra Dorgathen. Ella actuó de forma totalmente discrecional sin cumplir autos supremos ni sentencias constitucionales”, señaló el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hidrocarburos, Chaquer Talamas, citado en un comunicado de prensa de la estatal.

Este mandamiento de apremio se genera porque supuestamente se habría incumplido el punto 1º del Laudo Arbitral 001/2020, de fecha 8/02/2020, respecto a la estabilidad laboral de un extrabajador de YPFB, quien fue desvinculado por causales establecidas en la Ley General del Trabajo; sin embargo, existen autos supremos y sentencias constitucionales que determinan expresamente que su desvinculación fue en el marco legal y que no debe ser reincorporado.

“YPFB presentó una acción constitucional contra esas decisiones con el objetivo de que una autoridad judicial imparcial tome conocimiento y considere las vulneraciones de derechos y garantías constitucionales contra el presidente de YPFB, quien no es responsable del inicio de la demanda en 2017, año en la que él no se desempeñaba como la máxima autoridad de esta empresa”, señala el comunicado.

Además, la Estatal Petrolera aclara que presentó, ante la juez, todos los descargos respecto al cumplimiento del referido laudo arbitral”, agregó el abogado.

“La autoridad jurisdiccional que conocía aquella acción constitucional evidenció que sí hubo procesamiento indebido y, por tanto, persecución ilegal al presidente de YPFB, habiendo determinado se deje sin efecto de manera inmediata el mandamiento de apremio ilegal”, finalizó el texto.

// Periódico Ahora el Pueblo