El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, dijo hoy que Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación en el Gobierno de Jeanine Añez, debe asumir defensa y responder ante la justicia por la denuncia que existe en su contra por Tráfico Ilícito de Armas, Incumplimiento de Deberes, Tenencia, Porte o Portación y Uso de Armas no Convencionales por, presuntamente, haber facilitado el ingreso de agentes químicos desde la República del Ecuador a Bolivia durante la crisis del 2019.

“Ella ha sido notificada con todas las actuaciones fiscales que corresponden, ella debería concentrarse exclusivamente a esclarecer la denuncia que se ha instalado en el Ministerio Público por el tráfico de armas, en la que ella habría incurrido desde el Ecuador hacia nuestro país en el 2019, el fondo es ese, la investigación sobre el tráfico de armas que habría coadyuvado”, sostuvo Lanchipa.

De acuerdo a los antecedentes, la Comisión de Fiscales que investiga el caso emitió la ampliación de investigación e imputación formal en contra de Lizárraga luego de determinar que el 15 de noviembre de 2019 - en una reunión que habría sostenido con Arturo Murillo, Fernando López y Jeanine Áñez en Palacio de Gobierno-, ella hubiera tomado contacto con un personal policial de la República del Ecuador y habrían acordado, mediante una llamada telefónica, que ese país pueda facilitar armamento no letal consistente en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera, presuntamente, ilegal.

Durante la investigación, según la Fiscalía, se pudo establecer la presunta participación de Lizárraga en el hecho y el 25 de febrero de este año se citó a la exministra para que asuma defensa y se presente a declarar sobre los hechos ocurridos. Sin embargo, no asistió a la convocatoria del Ministerio Público, “entorpeciendo las investigaciones”.

Asimismo, Lizárraga, faltó de manera injustificada a su audiencia de medidas cautelares, pese a haber sido notificada legalmente mediante edictos, por ello, la autoridad jurisdiccional valoró esos extremos y la declaró en rebeldía.

Lizárraga afirma ser una perseguida de la Fiscalía

El pasado lunes, a través de un escrito publicado en sus redes sociales, Lizárraga afirmó que es una perseguida de la Fiscalía aunque, señaló, duda que sea por decisión del actual Gobierno.

“Me he enterado por medios de comunicación de que, a gestión del fiscal Eddy Flores, he sido imputada y declarada rebelde (…), dudo que tremenda violación a mis derechos se origine en una persecución del Gobierno actual, pues fue mi persona quien renunció al gobierno de Jeanine Añez al observar un gobierno político”, escribió Lizárraga en un comunicado.

En el escrito, la exfuncionaria de Estado aseveró que es el fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien dirige una “vendetta” en su contra con persecuciones. También apuntó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien -según su versión- supuestamente ofreció las fiscalías de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en el gobierno de Jeanine Añez.

“Debo señalar al señor William Alave que se equivoca al perseguirme. (Juan) Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al (exministro Yerko) Núñez y al (exministro) Arturo Murillo. Se mantuvo al actual Fiscal General, ya que se puso a disposición del gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Núñez”, reveló.

Lizárraga señaló también que en diciembre de 2019 se generó una rivalidad entre ambos ministros, Núñez y Murillo, y que en ese entonces, Lanchipa supuestamente pidió “tiempo” para entregar la Fiscalía de La Paz a gente de confianza de Núñez y las reparticiones de Cochabamba y Santa Cruz a Murillo.

A juicio de la exministra, el fiscal Flores realiza una persecución contra su exesposo y padre de sus hijas como una forma de represalia en vista de que ella ya está fuera del país.

En ese contexto, anticipó que realizará un trámite de asilo, aunque no especifica el país de su residencia.

“Mediante el presente, hago conocer que estas irregularidades sólo fortalecen mi tramitación de asilo, lo que no implica que en cuanto tenga garantías me presentaré ante las autoridades a declarar la verdad, caiga quien caiga, como siempre lo he hecho”, refirió Lizárraga.