El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, informó hoy que, dentro de las investigaciones del caso denominado “YPFB - Bulo Bulo”, la Comisión de Fiscales presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de seis personas implicadas en la paralización y no reinició del funcionamiento de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo pertenecientes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) desde noviembre de 2019, hecho que causó un daño económico al Estado de aproximadamente $us. 8.677.632. La acusación es contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, el expresidente de YPFB, Herland Javier Soliz y cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera.

“El Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 11 pruebas testificales y 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas. También se tiene ofrecida una prueba pericial de auditoría del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a desarrollarse, que demostrará el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios. Ahora, la Fiscalía está a la espera de señalamiento de inicio del juicio por parte de la autoridad jurisdiccional”, dijo Barrientos.

La acusación formal presentada por el Ministerio Público a la autoridad jurisdiccional, es contra del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien fue declarado rebelde; el expresidente de YPFB, Herland Javier Soliz, (rebelde). Los cuatro exfuncionarios de YPFB son el exvicepresidente Nacional de Operaciones, Jorge Roberto Blancourt; exgerente de Industrialización, Oscar Alberto Boutier; exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea, Carlos Manuel Segundo Vilar y del excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea, Ivert Fernando Oliva.

Barrientos, en ese sentido, señaló que los seis exfuncionarios fueron acusados por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los artículos 154 y 224 del Código Penal, por lo que se está solicitando la pena máxima para los acusados, consistente en la privación de libertad de ocho años más el incremento que se determine por agravantes.

“En noviembre de 2019 las autoridades deciden la paralización del funcionamiento de la Planta de Urea y Amoniaco de YPFB en el sector de Bulo Bulo, a partir de ello se estableció la paralización de la producción y un deterioro importante por parte de la maquinaria que se usaba en los procesos, por eso, a pesar de los informes no se determinó, de forma inmediata, el reinició del funcionamiento de la planta y a partir de esta situación se ha establecido un daño económico al Estado de considerable cuantía, motivo por el cual se ha presentado por parte del Ministerio Público la acusación formal”, puntualizó el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios y Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas.