El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, ibnformí este viernes que el Congreso de Estados Unidos aprobó investigar las elecciones y la violación de los Derechos Humanos ocurridos en Bolivia durante el 2019.

“El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado por Ley que el Departamento de Estado en el plazo de 120 informe el rol de la Secretaría General de la OEA, en 2019, mediante expertos internacionales  y sobre los hechos de violencia que se vivieron en el país”, señaló Arce a través de su cuenta de Twitter.

Según el documento oficial del Congreso estadounidense, “a más tardar 120 días después de la promulgación de la Ley, el Secretario de Estado deberá presentar un informe a los Comités de Asignaciones evaluando: 1) La transparencia y legitimidad de las elecciones general de Bolivia de 2019 mediante la solicitud de información de expertos independientes reconocidos internacionalmente; y 2) El avance en las investigaciones de responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante ese periodo”.

En los comicios del 20 de octubre del 2019, el entonces presidente Evo Morales ganó las elecciones en primera vuelta, pero la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) levantó las sospechas de un presunto fraude electoral.

El principal candidato opositor, Carlos Mesa (CC), llamó a una movilización ciudadana en contra del presunto fraude y a medida que pasaron las horas los cívicos que se oponían a la continuidad de Morales tomaron alto protagonismo en un paro que se alargó por varios días.

Ya en la madrugada del 10 de noviembre del 2019, un informe preliminar de una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló presuntas “irregularidades” en los comicios bolivianos y señaló que no puede validar los resultados que dieron la victoria a Morales y al MAS en primera vuelta.

Horas más tarde, la policía y las Fuerzas Armadas recomendaron la renuncia de Morales ante la ola de violencia y el incremento de protestas ciudadanas que pedían no solo unos nuevos comicios, sino la dimisión del entonces Presidente.

Así, ese 10 de noviembre en la tarde Morales presentó su renuncia a la Presidencia del Estado y un día después recibió asilo político en México, país al que se fue junto a su entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, y, precisamente, junto a Gabriela Montaño.

Tras la renuncia de Morales- y otras principales autoridades del Estado-, Jeanine Añez - entonces segunda vicepresidenta del Senado- se autoproclamó presidenta del Estado amparada en una “sucesión constitucional”.