El Ministerio Público formalizó la imputación contra el gobernador de Tarija, Óscar Montes; el alcalde de Cercado, Johnny Torres; el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila; y el dirigente del autotransporte Gabriel Pérez; por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y separatismo, por las protestas que lideraron en noviembre de 2021 en contra de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado, colaborando a la incitación a la violencia, a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, señala la imputación presentada por la fiscal Adriana Flores.

Según la página digital de El País, la Fiscalía investiga el caso con base en la denuncia realizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de que se inició la medida de presión en contra del Gobierno central.

Tarija, al igual que otras regiones del país, se movilizó en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que terminó siendo abrogada por el gobierno de Luis Arce.

En esa ciudad se instalaron de cuatro hasta 33 puntos de bloqueo entre el 8 y 12 de noviembre. En ese periodo se registraron enfrentamientos entre quienes se movilizaban y grupos del Movimiento Al Socialismo que rechazaban las protestas.

// Periódico Ahora el Pueblo