La Sala Constitucional Cuarta de La Paz rechazó este miércoles una Acción Popular que pedía la abrogación de dos decretos supremos, que establecen la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación, porque no se agotaron las vías pertinentes antes de iniciar el referido proceso jurídico, pero preservó el derecho a la vida.

“Saludamos la disposición de la Sala Constitucional Cuarta que ha denegado la presente Acción Popular debido a que no se tiene las líneas definidas, no se han agotado las vías pertinentes antes de iniciar la presente acción de amparo y, además, se ha respetado el derecho a la vida, que es la norma suprema que rige el ordenamiento jurídico positivo”, informó el asesor de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de La Paz, Marcelo Aguilar.

La audiencia de la referida Acción Popular se realizó este miércoles de manera virtual y en ella el alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó, como parte tercera interesada, los alegatos del por qué no se podía dar vía libre a este amparo presentado contra el presidente Luis Arce y los decretos 4640 y 4641.

“Nosotros como Gobierno Municipal nos presentamos para abogar por la vida, para abogar por el respeto a la salud pública, por el respeto a que todos nos cuidemos; las personas tenemos que ser muy conscientes, en este caso se puede versar claramente que lo que pretende esta Acción Popular es atentar contra la salud pública y no resguardar la vida de los bolivianos, por lo tanto yo pido que se denegue la tutela”, afirmó este miércoles el alcalde Arias en su intervención virtual.

La Acción Popular fue interpuesta por Brad Kevin Antezana, Carlos Fernando Barrera Uría, Sergio Prudencio Vallejos Choque, Prudencio Vallejos Layme y Rudy Nelson Escobar. Los accionantes sustentaron su demanda contra el presidente Arce, con el criterio de que los dos decretos “coaccionan a todos los ciudadanos en territorio nacional a cumplir con una vacunación obligatoria contra la Covid-19”.

Los decretos supremos 4640 y 4641 establecen la obligatoriedad del carnet de vacunación con esquema completo o prueba PCR de las últimas 48 horas para la realización de cualquier trámite en institución pública o privada, viajes interdepartamentales o internacionales, además de otras actividades.   

El rechazo a la Acción Popular, explicó Aguilar, se fundamenta porque no se agotaron con procesos anteriores al último recurso. “Las personas accionantes deberían haber realizado la pertinencia de iniciar una acción de inconstitucionalidad abstracta o concreta, contra los decretos supremos de referencia, los cuales son los que han sido motivo de la presente acción. Es por este motivo que al no haber agotado las vías anteriores y al no haber interpuesto la acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta es que se ha rechazado esta Acción Popular”, dijo.

Aguilar añadió que la intervención del alcalde Arias fue pertinente porque con la vacunación y la exigencia del carnet se persigue un bien mayor, y con el rechazo a esta Acción Popular, se logró el respeto al derecho a la vida. “La defensa del alcalde de La Paz ha sido pertinente y muy necesaria a efectos de que la misma autoridad edil ha hecho prevalecer los derechos del municipio”, añadió.

Al igual que el alcalde Arias, fueron notificados el presidente Arce, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda,  la ejecutiva de las Confederación de Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar, para que interpongan los alegatos que vean convenientes. De todos ellos, solo asistieron una representación del jefe de Estado y el alcalde de La Paz.