Santa Cruz, 17 de diciembre (ABI).-   El procurador General del Estado, Héctor Arce, rechazó el miércoles las críticas del gobierno de Chile a una declaración de la XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que respalda la demanda boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico, y agradeció la intervención de ese organismo regional a favor de la demanda marítima.

"Rechazamos categóricamente a la luz de estos argumentos históricos, nosotros como país, como sociedad valoramos, respetamos, respaldamos y además agradecemos la extraordinaria respuesta de los países del ALBA-TCP, que reunidos en su XIII reunión han emitido en el punto onceavo de su declaración final un respaldo concreto y categórico a la justa demanda boliviana", afirmó en una conferencia de prensa.

En la víspera, el Gobierno chileno expresó su rechazo a la declaración emitida por la el ALBA, por considerar una intromisión de un organismo al que Chile no pertenece.

El Gobierno de Chile lamentó "profundamente que algunos países hermanos de América Latina y el Caribe desconozcan principios básicos que rigen las relaciones entre los estados, entre ellos el de no intervención y del respeto a los tratados vigentes".

 Al respecto, Arce aclaró que Bolivia utiliza los mecanismos creados para la resolución de ese tipo de conflictos de forma pacífica, por eso recordó que se presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

"Bolivia utilizando los mecanismos pacíficos creados por el derecho internacional para la solución de controversias, de manera absolutamente pacífica y dialogada ha interpuesto una demanda ante el más alto Tribunal que ha creado la humanidad para solución de controversias de manera pacífica", respaldó.

A su juicio la demanda marítima "es un tema de derecho internacional", razón por la cual, anunció que Bolivia luchará por hacer prevalecer un derecho justo: una salida soberana al mar.

Chile invadió suelo boliviano en febrero de 1879 y desató una contienda bélica que terminó cercenando 400 kilómetros de playa y 120.000 kilómetros de territorio.

Desde entonces, Bolivia reivindica en diferentes foros internacionales el derecho de recuperar su cualidad marítima y en 2013 llevó el diferendo ante la CIJ.

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