El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó hoy que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Departamental de Potosí, emitió la respectiva orden de aprehensión para el exdirigente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Marco Antonio Pumari, misma que fue ejecutada por la Policía la noche del 9 de diciembre, dentro del proceso que se le sigue por la quema y destrozos de instalaciones del Tribunal Departamental Electoral (TED) en el 2019.

Quispe aseguró que se encontró los indicios suficientes que apuntan a la presunta participación del hecho e informó que se solicitará la detención preventiva para Pumari, quien está encerrado en la localidad de Betanzos “por seguridad”

Asimismo, la autoridad del Ministerio Público descartó que se trate de una persecución política.   

“Queremos aclarar que no se trata de ningún tipo de investigación y persecución de carácter político. Ni en el Ministerio Público ni el Estado en su conjunto va a tolerar cualquier tipo de afectación a bienes, patrimonio y sobre todo a la moral del Estado como ha sucedido en el caso de las acciones realizadas el año 2019, motivo por el cual cumple aclarar que la detención del señor Marco Antonio Pumari, responde al proceso iniciado el 2019 en el mes de octubre, cuando se produjeron los daños a la infraestructura del Tribunal Electoral Departamental del departamento de Potosí”, explicó Quispe. 

El Secretario General aseguró que existen elementos probatorios colectados dentro del proceso de investigación que vienen desde octubre de 2019 a la fecha, en el que se colectó declaraciones testificales, evidencias audiovisuales en el que señalan como responsable de la organización e incitación en afectar el patrimonio del Estado a Marco Antonio Pumari.

“(Esos) elementos han hecho de que se determine su detención y que en las próximas horas se presente la imputación formal y se sujete a audiencia de medidas cautelares”, dijo.

Quispe, asimismo, indicó que los delitos por los que se procesa a Pumari son por Allanamiento, Robo Agravado, Deterioro de Bienes del Estado, Obstrucción como delito Electoral porque no permitió que se lleve adelante el proceso de cómputo y daño calificado en Potosí en el 2019. 

“Aclarar que el derecho a la protesta no es bandera para poderse excusar en la comisión de delitos, no podemos a título de derecho a la protesta afectar patrimonio del Estado, contravenir la norma jurídica vigente y menos dañar un proceso constitucional como en el que se atravesaba en el 2019”, sostuvo la autoridad.