Abraham Aguirre, el juez que ordenó ayer la libertad condicional para Gabriela Zapata, afirmó hoy que su decisión no estuvo marcada por presiones externas y aseguró que impuso “varias restricciones” a Zapata, entre ellos que no tenga contacto con ninguna persona involucrada en el caso CAMC.

Entrevistado por radio Fides, Aguirre aseguró que decidió salir a los medios a explicar su decisión debido a la notoriedad pública del caso y las desinformaciones que rondan en torno a ésta. Explicó que Zapata consiguió su libertad tras haber cumplido una buena parte de su condena.

“Este es un trámite más que me ha tocado conocer, solo que por su particularidad y por las opiniones desacertadas, desinformadas o resfriadas que se ha escuchado en la opinión pública yo estoy para aclarar esa cuestión (…) El imaginar que una persona condenada a 10 años, a 20, a cinco años todo el tiempo va a estar privada de libertad es una ficción porque durante la ejecución de condena, la persona puede acceder a otros beneficios de prelibertad o semilibertad anticipada como la libertad condicional”, manifestó.

En ese sentido, el juez explicó también algunas de las restricciones que se impuso a Zapata, entre ellos la prohibición de verse con otras personas vinculadas al caso por la que la sentenciaron y presentarse periódicamente ante los juzgados.

“A momento de conceder el beneficio de libertad anticipada al cumplimiento de la condena, no es una libertad irrestricta, el juez impone reglas y condiciones. Por ejemplo, no abandonar el domicilio sin autorización, no acudir a lugares de mala reputación, presentarse cada dos meses en los juzgados, no concurrir a determinados lugares, no conversar con personas vinculadas al delito por el que ha sido juzgado, y otras que tiene que ver con un comportamiento responsable durante el goce del beneficio de libertad condicional”, explicó.

Zapata, cabe recordar, fue enviada a la cárcel el 2016. Primero estuvo encerrada en la cárcel de Obrajes y luego trasladada a Miraflores.

Fue sentenciada por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos, además de asociación delictuosa.  Fue acusada de beneficiarse de millonarios contratos con el Estado que firmó cuando se presentó como gerente de la empresa china CAMC.