Gobierno se abre a eliminar el artículo 7 de la Ley 1386 y reitera que el paro busca desestabilizar al Gobierno
Richter fue enfático en señalar que la convocatoria a un paro indefinido busca desestabilizar al Gobierno. “Históricamente los paros cívicos, huelgas indefinidas, estaban hechos para desalojar a quienes ejercían el poder político, en la historia del país”, señaló.

El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó hoy que el Gobierno está dispuesto a dialogar sobre la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y hasta abrió la posibilidad de eliminar el artículo 7 de la cuestionada norma.
“Se puede considerar aquello”, señaló el Vocero entrevistado por Unitel, al ser consultado sobre la propuesta de los cooperativistas mineros para derogar el artículo 7 de la Ley 1386.
El artículo 7 señala en una parte que la Ley 1386 “podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo (…) mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.
No obstante, Richter también cuestionó que las observaciones a esta norma surjan meses después de su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y considera que esto es porque se busca desestabilizar al Gobierno.
“Eso se llama oportunismo político para crear conflictos”, señaló Richter en el medio televisivo.
El vocero también aseguró que existe la posibilidad de convocar a Antonio Siñani y a Francisco Figueroa, dirigentes del sector gremial que ha convocado al paro nacional pidiendo la abrogación de la Ley 1386, medida a la que se sumaron otros sectores como el Consejo Nacional de la Democracia (Conade) y cívicos de todo el país.
“Se puede hablar con todos los sectores, pero el diálogo es una construcción y debe haber voluntad de las dos partes no solo del Gobierno. Diálogo no es imponer”, señaló.
Eso sí, Richter fue enfático en señalar que la convocatoria a un paro indefinido busca desestabilizar al Gobierno. “Históricamente los paros cívicos, huelgas indefinidas, estaban hechos para desalojar a quienes ejercían el poder político, en la historia del país”, señaló.
Indicó que si existen observaciones a la Ley 1386, existen otros recursos como una apelación al Tribunal Constitucional. “La institucionalidad permite otras vías”, concluyó.