El Consejo Médico del Colegio Médico de Bolivia se declaró en estado de emergencia “por la imposición de políticas de Estado” y por la falta de condiciones para encarar la cuarta ola de la pandemia por el Covid-19.

Los profesionales en salud dieron un plazo hasta el domingo 7 de noviembre para ser convocados por el Gobierno para tratar su pliego petitorio presentado en 2020.  

“El Gobierno ya no puede tomar medidas en relación a la pandemia, porque levantó todas las restricciones. Es por eso que el Colegio Médico de Bolivia se declara en estado de emergencia y si no somos convocados hasta este domingo a dialogar y hablar sobre las mejoras en el sistema de salud, asumiremos medidas de presión sin dejar de atender a nuestros pacientes”, sostuvo Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia.

En ese marco, a través de un Voto Resolutivo, el Consejo “rechazó las improvisadas e insostenibles políticas de salud, impuestas de manera irresponsable que ponen en riesgo la salud y vida del personal de salud, aspecto que repercute en la seguridad sanitaria del pueblo boliviano, ante la carencia de recursos humanos, insumos e infraestructura”. 

En lo que respecta al paquete de leyes aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Consejo Médico informó que son “atentatorias a los derechos ciudadanos”, ya que muchas son contradictorias a la Constitución Política del Estado.

“Asumir la decisión de declararnos en Estado de Emergencia, ante la actitud arbitraria, dictatorial e imposición de deficientes Políticas de Estado, así también comunicamos la decisión de adherirnos a las determinaciones que asuma la población organizada en uso de nuestros derechos y obligaciones, respetando la esencia que nos caracteriza, como institución defensora de la democracia y respeto a los derechos y garantías conferidas en la Constitución Política del Estado”, cita el Voto Resolutivo.

El Consejo Médico criticó la falta de socialización de las últimas normas aprobadas, mismas que, asegura, no fueron tratadas con los diferentes colegios de profesionales, las universidades, alcaldías y gobernaciones, “sino solo con sectores afines al partido de Gobierno”.