Tras las protestas realizadas por diferentes grupos de la sociedad civil - entre ellas la de la Defensoría del Pueblo-, en contra de la decisión de la Iglesia Católica de pretender que una niña de 11 años víctima de violación dé a luz, desde la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se anunció que se iniciará acciones legales por “discriminación y odio”.

El abogado integrante del equipo jurídico de la CEB, Carlos Busch, afirmó que en las protestas se cometieron actos de improperio y de intolerancia y estarían afectando a la libertad religiosa.

Asimismo, mencionó los hechos registrados el fin de semana, cuando se registró una protesta en la Iglesia San Francisco de La Paz y el pintarrajeado de la Catedral de Santa Cruz. Señaló que en esos hechos hubo agresiones, insultos, verbales y de carácter violento y discriminatorio.

“La iglesia no puede tampoco quedarse de brazos cruzados. Entonces vamos a decir que se van asumir las acciones legales pertinentes y esto porque raya mucho más allá del ejercicio de una libertad de expresión, raya mucho más allá en el ejercicio de la libertad de reunión que están garantizados en la propia Constitución, porque también se tiene que decir: hay una afectación a lo que significa la libertad religiosa que está garantizada como un derecho”, señaló el jurista en entrevista con Erbol.

 Agregó que se analiza que la denuncia sea por los tipos penales de discriminación e incitación a la discriminación en contra de organizaciones o asociaciones que han manifestado agresiones verbales, además de daño a la propiedad privada y allanamiento a instituciones a la Iglesia.

Finalmente, en entrevista con el mencionado medio, aseguró que es “una vergüenza absoluta que la Defensora en lugar de defender los derechos fundamentales de todos, se parcialice y además emita una serie de comentarios fuera de lugar”.

La respuesta de la Defensora

Tras conocerse las palabras del jurista de la Iglesia, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, no tardó en responder y publicó un firme mensaje a través de su cuenta de Twitter.

En la popular red social, Cruz afirmó no temer al anuncio de la Iglesia y denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), etiquetando en su mensaje a Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta de la Comisión.

“Denunció ante la CIDH (Flavia Piovesan) que por la Conferencia Episcopal anuncian proceso penal por 'considerarse' 'víctimas' ante las protestas realizadas en contra del Embarazo Forzado que ellos promueven impunemente. #EmbarazoForzadoCuerpoTorturado No tenemos miedo, seguiremos! (sic)”, afirmó.

El hecho ocurrió en Yapacaní, departamento de Santa Cruz. En el hogar de la niña- violada y embarazada por su abuelastro- también fueron abusadas por su padre biológico, ahora en la cárcel de Palmasola, sus hermanas de hoy 14 y 15 años.

El caso causó indignación en la sociedad boliviana y diferentes instituciones abrieron el debate sobre la situación de la niña y su embarazo.

En medio de la polémica, el martes, la niña fue dada de alta y la Iglesia la llevó a un centro de acogida, donde, aseguró, se le dará seguimiento especializado para que pueda seguir con su proceso de gestación.