El alcalde Iván Arias planteó este viernes al Gobierno abrogar la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, para evitar que mediante decreto supremo u otro tipo de instrumento legal “haga trampa” e insista con su propósito de reglamentar la legitimación de ganancias ilícitas, más aún, dijo, cuando este jueves retiró un proyecto de ley ante el rechazo de varios sectores sociales.

“Por supuesto, uno ve la Ley 1386, en el Artículo 7, y tiene una serie de anexos de letra menuda que hay que desmenuzar, que se querían hacer con esta ley. El Gobierno haría bien en abrogar esta ley, será el pedido de las organizaciones sociales”, afirmó Arias.

La Ley 1386 de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo se encuentra vigente desde el 16 de agosto 2021, tiene siete artículos, una disposición adicional, una final y otra derogatoria y abrogatoria.

Aria explicó que la normativa referida es el marco general y su reglamentación o guía para aplicarla se debía refrendar en la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que trabajaba el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional y el cual el Gobierno retiró el jueves de la Cámara de Senadores ante la presión social que rechazaba la persistencia del oficialismo por poner en vigencia dicha ley.

Sobre la iniciativa legislativa retirada, Arias reiteró que parecía “bonita”, pero en realidad era “maldita” porque iba contra preceptos constitucionales y violaba derechos y libertades democráticas.

El alcalde de La Paz consideró dos caminos para resolver esta nueva demanda, la primera es hacer un control de constitucionalidad de la Ley 1386 y consultarla con organizaciones sociales para que eleven sugerencias, y la segunda vía es persistir y alentar la conflictividad.

El Artículo 7 de la Ley 1386, que Arias dijo que debería ser abrogada, refiere: “La Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

“Si detrás de esto se esconde, hay una trampita, rápidamente va a ser descubierta y rápidamente va a surgir la conflictividad”, agregó la autoridad municipal paceña, a tiempo de felicitar al presidente Luis Arce por retirar la ley cuestionada en estos días, aunque también deslizó la idea que se trataría de una “retirada estratégica”.

El Gobierno descarta la Ley 1386 tenga relación el Proyecto de Ley retirado

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, negó que exista una relación entre la Ley 1386 y el Proyecto de Ley 218 de antilegitimación de ganancias ilícitas que fue retirada por el Gobierno en la víspera.

"La situación que se ha presentado con la ley 1386, que aprueba la estrategia nacional, tiene que ver con una política integral, no afecta la materia penal que estaba regulada en el proyecto de ley que ha sido retirado", dijo.

La autoridad mencionó que se tiene recomendaciones internacionales que estaban contenidas en documentos y uno de ellos se traducía en el proyecto de ley 218, "los otros aspectos que están señalados en los 40 puntos de recomendación de la Gafi y en la estrategia nacional de lucha contra la corrupción, no tiene relación con el proyecto de ley 218, por lo tanto no hay una correlación entre los dos documentos".

Lima dijo que una estrategia nacional es un documento que no tiene carácter vinculante, que genera una política, un cronograma y una posibilidad de implementación condicionada al trabajo legislativo y que "ese proyecto de ley lo que hace es plantear al país una serie de políticas, para mejorar nuestra posición ante la Gafi en materia penal y en otras de las 40 temáticas".

"Esta ley 1386 no se aplicará en la temática referida al proyecto de ley 218. La tranquilidad que debe tener el pueblo boliviano es que la estrategia que es una ley de siete artículos y un anexo no define políticas públicas, lo que define es un camino que debe implementarse con leyes y otra normativa que le permita al país superar las observaciones de la Gafi, ninguna de ellas tiene relación ni se va a aplicar en relación al proyecto de ley 218", apuntó.