El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, descartó que durante la gestión del presidente Luis Arce se vaya a tratar otro proyecto de Ley similar al del Antilegitimación de Ganancias Ilícitas.

“No hay posibilidad de que se reponga la ley, vamos a cumplir obligaciones internacionales pero no con una ley, ese es el acuerdo, el compromiso, que tenemos con el presidente (Luis Arce)”, afirmó Lima entrevistado por Erbol.

Según informó el Gobierno, se esperaba que la polémica ley sea promulgada hasta mediados de noviembre ante una eventual llegada de una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones que realizó.

Sin embargo, Lima afirmó que el Estado evaluará con la comisión la situación para plasmar con los encargados del organismo sus recomendaciones sin la ley proyectada.

“Tenemos compromisos internacionales que tienen que cumplirse en el marco de la GAFI y que de ninguna manera tienen que ver con el texto de la ley presentada”, añadió.

Ayer, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó en conferencia de prensa que el Gobierno nacional decidió retirar el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para evitar la confrontación.

"Escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, dijo Prada.

La ministra aseguró que el rechazo al proyecto de ley fue generado por grupos políticos que pretenden desestabilizar el país, desinformando a la población y aprovechando fallas en el proceso de socialización del proyecto. Añadió que usaron el proyecto de ley como una excusa para buscar la impunidad por sus acciones durante el presunto golpe de Estado de 2019.