La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó en conferencia de prensa que el Gobierno nacional decidió retirar el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para evitar la confrontación.

"Escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley,hemos decidido retirar este proyecto ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, dijo Prada.

La ministra aseguró que el rechazo al proyecto de ley fue generado por grupos políticos que pretenden desestabilizar el país, desinformando a la población y aprovechando fallas en el proceso de socialización del proyecto. Añadió que usaron el proyecto de ley como una excusa para buscar la impunidad por sus acciones durante el golpe de Estado de 2019.

Prada afirmó que el Gobierno del presidente Luis Arce seguirá gobernando escuchando al pueblo porque “viene del pueblo y siempre estará en sintonía con el latir de su corazón”, sus preocupaciones y sus temores.

“Frente a los intentos fracasados, han utilizado la ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas como una excusa para instalar la desinformación como una excusa para sembrar el temor entre sectores populares del pueblo boliviano, pero nosotros venimos de sectores populares, nosotros somos un gobierno del pueblo y cumpliremos siempre en sintonía con ese latir del corazón del pueblo boliviano”, dijo la ministra.

Partidos de oposición, Comités Cívicos, gremiales, mineros y transportistas protestaron en contra del proyecto de ley y anunciaron un paro de 48 horas para la próxima semana. 

El Ministerio de Economía explicó que el proyecto de ley responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para cumplir estándares mundiales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.