El canciller del Estado, Rogelio Mayta, afirmó hoy que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a negar otorgar medidas cautelares a Jeanine Añez demuestra que la vida de la expresidenta nunca estuvo en riesgo por la detención preventiva que cumple desde hace más de medio año por el caso del presunto golpe de Estado del 2019.

“(…) Demuestra que nunca ha estado en riesgo la vida de Jeanine Añez, al menos no por su detención preventiva (…)Se tiene también claro que el Estado a través de su institucionalidad de justicia y seguridad siempre ha garantizado la salud y la vida de Jeanine Añez”, aseveró Mayta en conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental, en ese sentido, afirmó que la CIDH no encontró motivos ni antecedentes para otorgar medidas cautelares a la expresidenta y, agregó, eso también demuestra que las denuncias de Añez y sus familiares sobre su estado de salud fue una “puesta en escena”.

“Podemos afirmar que toda la situación que ha sido conocida por los medios y la población ha sido una escenificación, una puesta en escena para tratar de cuestionar al estado boliviano (…) (El fallo de la CIDH) Echa por tierra toda la argumentación, todo lo que se trató de expresar, fue una escenificación”, afirmó.

Para Mayta, asimismo, las movilizaciones y vigilias favor de Añez tenían un interés político y no así el de resguardar la salud o la vida de la exmandataria.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez fue quien solicitó al organismo internacional que otorgue medidas cautelares de protección en favor de Añez, al considerar que la exmandataria tendría diferentes padecimientos físicos y mentales que pueden no estar siendo bien atendidos.

La solicitud fue emitida después de que la exmandataria se “autolesionara” desde su celda en el penal de Miraflores.

En respuesta, la CIDH pidió al Gobierno que informe sobre las condiciones de salud de la exmandataria, tanto física como mental, el acceso a la atención médica dentro y fuera de la cárcel, las medidas que se le concedió para la protección de derechos, documentación sobre disposiciones administrativas o judiciales y las condiciones de reclusión actuales.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, envió la documentación y solicitó declarar inadmisibles las medidas cautelares solicitadas, porque el Estado cumple con los “estándares internacionales” en la atención a ese caso.