El Comité Cívico pro Santa Cruz, a través de un comunicado, ratificó el paro del próximo 11 de octubre, a pesar de que la Fiscalía decidió suspender la citación para que el gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, declare por el presunto golpe de Estado del 2019.

“(…) En base a la resolución de la Cumbre Nacional por la Unidad en Defensa de la Democracia, las medidas adoptadas en consenso con los actores cívicos, ciudadanos, representantes de instituciones, autoridades, y políticos de todo el país continúan firmes”, señala el texto.

En esa línea, los cívicos señalan que el paro sigue en pie hasta que no se cumplan sus exigencias, entre las que resaltan el “cese” de la persecución a autoridades de oposición – en específico a Camacho, el alcalde de La Paz, Iván Arias; y el burgomaestre de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, la anulación del proyecto de Ley contra Legitimación de Ganancias Ilícitas; y la liberación de la expresidenta Jeanine Añez.

“Ratificamos la marcha nacional del 10 de octubre en la ciudad de La Paz y el apoyo al sector gremial en el paro cívico nacional de 24 horas del 11 de octubre”, añade el comunicado del comité cruceño.

Entretanto, el Gobierno ha reiterado su rechazo a la decisión de los cívicos y advirtió que el paro generará grandes daños económicos al Estado.

En esa línea, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró que un día de paro en el país provoca una pérdida de $us 112 millones en la economía boliviana.

“¿Qué cuesta al país un paro cívico? Cuesta un día 112 millones de dólares; nueve días, más de 1.000 millones de dólares. Ese dinero es un dinero que afecta a los bolivianos que trabajan en el día a día”, dijo la autoridad gubernamental en entrevista con Bolivia TV.

 Aseguró que las convocatorias a un paro cívico y a movilizaciones en contra del Gobierno buscan, sobre todo, impunidad para quienes están involucrados en los hechos de violencia y masacres de 2019.

 “Cada día de paro representa una pérdida de $us 112 millones que causa un grave daño a la economía de bolivianos que trabajan día a día por sus familias. Estas medidas de presión son promovidas por políticos que buscan impunidad”, enfatizó el ministro Lima en su cuenta en la red social Twitter.