Los expresidentes del Estado, Evo Morales y Carlos Mesa, cruzaron acusaciones a través del Twitter respecto a al caso Quiborax y otras presuntas irregularidades durante sus respectivas gestiones.

La polémica surge después de que Mesa, actual presidente de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), junto al diputado Carlos Alarcón, presentaran el jueves el libro “Quiborax, la infamia masista”, una investigación de los presuntos sucesos y mecanismos irregulares e ilegales que utilizó el gobierno de Evo Morales para pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax en un arbitraje internacional “cargado de irregularidades”.

Además, los autores plantearon investigar todos los casos de arbitraje internacional en el gobierno de Evo Morales que han significado, afirman, para el Estado boliviano una pérdida de más de 800 millones dólares.

Al respecto, Morales afirmó que Mesa, a quien calificó como “historiador golpista” presentó su libro para buscar liberarse de culpa del caso Quiborax, por el que podría afrontar un juicio de responsabilidades.

“Pero su texto lo delata. Como buen gonista, mintió que nacionalizó el salar de Uyuni y en realidad causó daño económico a Bolivia”, acotó Morales.

Aunque sin responder directamente a Morales, Mesa utilizó la misma red social para reafirmar las denuncias contra el líder del MAS.

“Hasta 2017 Morales el dictador fugado, entregó más de 840 mill de $us a empresas extranjeras por sus falsas nacionalizaciones. Se debe investigar si en esos procesos se repitieron los actos de ineficiencia y corrupción como los de QUIBORAX, a la que protegió y entregó 42 millones”, aseveró.

El pasado 1 de septiembre, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal aprobó el juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso Quiborax.

Ahora, el proceso debe ser aprobado por 2/3 del pleno de la Asamblea Legislativa para que oficialmente se dé inicio al juicio de responsabilidades contra Mesa.

El caso tiene relación con el pago de 42,6 millones de dólares que el Estado tuvo que pagar por la indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la reversión de sus concesiones mineras de ulexita en el Salar de Uyuni.

Según la acusación, un decreto firmado por Carlos Mesa, presidente del país entre 2003 y 2005,  no se ajustó a procedimientos legales, lo que permitió que Quiborax reclame un pago por sus concesiones.