El Ministerio de Defensa, mediante un comunicado, ratificó su “respaldo inquebrantable” a los tres militares bolivianos detenidos en Chile “cuando realizaban tareas de lucha contra el contrabando” y anunció que, junto a la Cancillería, “brindarán el apoyo legal y la asistencia consular correspondiente a los tres efectivos y sus familias”.

 “El Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, en atención a los resultados de la audiencia de formalización celebrada ante las autoridades jurisdiccionales de la república de Chile, en día de hoy, 11 de septiembre de 2021, frente al país y a la comunidad internacional se expresa su respaldo inquebrantable a los tres compatriotas que fueron detenidos por Carabineros de Chile, cuando realizaban operaciones militares de alto riesgo, en cumplimiento a la Ley N° 1053 de lucha contra el delito transnacional de contrabando, que afecta a la economía de nuestro país, lo cual fue expuesto y debidamente fundamentado por la defensa”, señala el documento difundido a través de sus cuentas en redes sociales.

El documento añade que los tres militares, como miembros del Ejército de Bolivia, son profesionales formados “con los más altos valores, quienes cumplían su misión Constitucional de defender y conservar la seguridad, el honor y la dignidad del Estado”.

“El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, brindarán el apoyo legal y la asistencia consular correspondiente a los tres efectivos y sus familias”, agrega el comunicado del Ministerio de Defensa.

Ayer, sábado, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte (Chile) dictó una detención preventiva de 90 días para los tres militares bolivianos. Los connacionales son acusados por los presuntos delitos de robo con intimidación y porte ilegal arma de fuego y municiones.

La autoridad judicial, Daniela Gutiérrez, observó que los efectivos nacionales no acudieron a sus pares chilenos para denunciar que los contrabandistas pasaron la frontera.

En ese sentido, en su resolución, la jueza ordenó la prisión preventiva y el ingreso de los militares bolivianos al Centro Penitenciario de Alto Hospicio, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por considerar que es la medida idónea para asegurar los fines del procedimiento. La magistrada también fijó un plazo de investigación de 90 días.

En la audiencia, la defensa de los militares expuso que las supuestas víctimas de los tres uniformados bolivianos detenidos en Chile huían desde Bolivia a territorio chileno con cargamento de contrabando. El abogado Christian Castro Hernández había solicitado a la jueza Gutiérrez el arresto domiciliario para los imputados y, en el mejor de los casos, la expulsión de los militares bajo pago de fianza. ​​