Alrededor de las 12:30 de este martes 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) publicó el documento oficial respecto a los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos ocurridos en el país durante los meses de septiembre y noviembre del 2019.

El documento, de 471 páginas, está dividido en ocho capítulos: Introducción; Contexto y desarrollo de la crisis; Principales hechos de violencia y vulneración de derechos Humanos; Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática; derechos Vulnerados; Planes de Investigación; Plan de atención y reparación integral a las víctimas; y Conclusiones y recomendaciones.

El documento oficial, entre otros puntos, hace referencia a la renuncia del expresidente Evo Morales- en medio de protestas cívicas y tras perder el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas- y la posterior autoproclamación de Jeanine Añez.

El GIEI, en ese sentido,  es claro en señalar que Añez se proclamó presidenta en una sesión del legislativo que no cumplía con el quórum legal y establecido en la propia Constitución Política del Estado.

“En reunión del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quorum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el documento.

Asimismo, el texto enfatiza en que Añez tuvo como una de sus primeras acciones la aprobación del decreto 4078, que permitía el accionar de las Fuerzas Armadas, juento a la Policía, para “restablecer el orden público” y eximía de responsabilidad penal a los militares por tales acciones, dándoles una “carta blanca” para vulnerar los derechos humanos de la población.

El GIEI también hace referencia específica a las “recomendaciones” que hicieron la policía y las Fuerzas Armadas al expresidente Evo Morales para que presente su renuncia en noviembre del 2019 y señala que tal hecho no garantiza el “funcionamiento adecuado del Estado democrático”.

“El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica”, señala el texto.

Por otro lado, el documento es claro en calificar como “masacres” los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata durante noviembre de 2019 – en el Gobierno de Añez- y dedica varias páginas a justificar tal decisión.

Por otro lado, el informe del GIE también es sumamente crítico sobre el estado de la justicia y la independencia de poder en el país.

Identifica, por ejemplo, la falta de independencia en la administración de la justicia,  la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos, el abuso de la detención preventiva; y obstáculos al derecho a la verdad y la justicia.

Finalmente, el GIEI emite tres recomendaciones: unos para el Estado; otros para la sociedad civil; y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre ellos, el Grupo recomienda “adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019”; “otorgar las medidas que establece el mencionado plan de atención y reparación integral a las víctimas, diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista, y que incorpore un procedimiento para realizar un “censo” de víctimas, conforme al principio de universalidad”; “promover actos públicos para reconocer la dignidad de todas las víctimas y la responsabilidad estatal en las vulneraciones a los derechos humanos”; y apoyar y acompañar iniciativas de la sociedad civil para conmemorar y preservar las memorias de lo ocurrido sin imponer versiones únicas sobre los hechos.

Mira el informe completo del GIEI:

Informe Final Giei by Césarbd Sánchez Carranza on Scribd