La Cancillería del Estado afirmó este miércoles que la denuncia penal interpuesta contra Karen Longaric, exministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Jeanine Añez, por la no ejecución del presupuesto destinado a los bolivianos en el exterior durante la emergencia sanitaria del COVID-19, no constituye un acto de persecución política.

“La denuncia presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores contra la excanciller Karen Longaric, el pasado 5 de julio de 2021, no constituye un acto de persecución política; por el contrario, se la realiza por responsabilidad funcionaria debido a que el Código Penal, en su Artículo 286, determina que los funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones tendrán la obligación de denunciar los delitos de acción pública”, señala un comunicado oficial.

La nota señala que, habiéndose identificado antecedentes sobre la no ejecución de ese presupuesto, se denota la comisión del delito de incumplimiento de deberes, motivo por el cual se presentó la denuncia ante el Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, realice la investigación y acumule los elementos probatorios para establecer la responsabilidad penal.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores considera que la excanciller tiene responsabilidad penal; pero, eso lo decidirá la autoridad jurisdiccional en aplicación de la normativa vigente, quedando esta Cartera de Estado con la obligación de coadyuvar con la investigación que se ha iniciado”, concluye la nota.

Longaric fue acusada por presunto incumplimiento de deberes. La Fiscalía la citó a declarar, en calidad de sindicada, pero la excanciller dio a conocer – a través de su defensa- que no asistirá al llamado ya que se encuentra en Alemania.