Durante su mensaje por los 196 años de la Independencia de Bolivia, el presidente del Estado, Luis Arce, advirtió que su Gobierno no descansará en pedir el procesamiento y sanción de los autores del Golpe de Estado de 2019.

“No descansaremos, desde el ámbito de nuestras competencias, de exigir el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado, quienes deben responder ante la justicia por los actos ilegales, ilegítimos y violentos que perpetraron contra el pueblo, la democracia y la CPE”, aseveró Arce.

El Jefe de Estado, en ese sentido, ratificó que el Gobierno de Jeanine Añez fue un “régimen de facto” y deploró la crisis económica, social, política y cultural en la que dejó al país.

Asimismo, hizo referencia a las ‘masacres’ ejecutadas en noviembre de 2019 durante la gestión de Añez y aseveró que es un “mandato del pueblo” el conseguir justicia por aquellos hechos.

“Memoria, verdad y justicia: ese es un mandato del pueblo, especialmente de las familias de quienes fueron masacrados, así como de los heridos, perseguidos, humillados, criminalizados y detenidos injustamente”, aseguró.

Dejó en claro también que el exigir el juzgamiento de los autores del golpe no es una acción de odio o venganza, sino de búsqueda de justicia.

“Cito a Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando sentó al dictador Banzer en el banquillo de los acusados, en ese célebre juicio de responsabilidades: “no es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida””, afirmó.

A la fecha, el caso golpe de Estado está en plena investigación judicial. Producto de las indagaciones, está detenida preventivamente la expresidenta Jeanine Añez, además de exministros y jefes policiales y militares

Paralelamente, hay cuatro proposiciones acusatorias para que Añez sea juzgada mediante un juicio de responsabilidades; sin embargo, tales procesos deben ser aprobados por dos tercios de la Asamblea Legislativa.

El 2019, el expresidente Evo Morales se vio forzado a renunciar a la presidencia del Estado en medio de protestas cívicas por denuncias de fraude y tras perder el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Junto a Morales, renunciaron el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, además de los principales representantes de la Asamblea Legislativa.

Ante ese panorama, Jeanine Añez, que era la segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta del Estado amparándose en la figura de una supuesta sucesión constitucional.