El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) definió convocar a movilizaciones ciudadanas, para el próximo jueves 5 de agosto, en rechazo del posible cierre del caso del fraude electoral, además de pedir la renuncia del fiscal general, Juan Lanchipa.

En un comunicado, el Conade exige el “procesamiento y sanción de los autores, cómplices y beneficiarios del fraude electoral del 20 de octubre del 2020”.

Además, señala que ese proceso investigativo debe realizarse dentro del “cumplimiento estricto del procedimiento penal, el estado de derecho, la transparencia, y el respeto de los derechos políticos y electorales del soberano”.

En esa línea, el Conade también demanda – además de la renuncia del Fiscal General- la reforma del Ministerio Público y del sistema de administración de justicia con plena participación de la sociedad civil organizada.

“Respecto al estado de derecho, a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, al debido proceso, a los derechos humanos de toda persona investigada, nulidad de procesos ilegales, libertad de las personas injustamente detenidas. Todo procedimiento de personas debe ejercerse  en estricto apego a la CPE y las leyes”, añade el texto.

El comunicado específica que las movilizaciones serán el 5 de agosto en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Añade que si otras ciudades y países buscan unirse a la medida deberán coordinar con el propio Conade y las organizaciones ciudadanas.

La pasada semana, el Ministerio público anunció que pedirá el sobreseimiento de todos los involucrados en el caso fraude electoral- lo que derivaría en su cierre- después de conocerse los resultados del estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

El equipo internacional estableció la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de 2019. También, demostró que los sistemas y las bases de datos del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.