En conferencia de prensa, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que aún no se puede confirmar si Arturo Murillo – exministro de Gobierno durante el Gobierno de Jeanine Añez- fue liberado en Estados Unidos, aunque admitió que sí hay una posibilidad de que la exautoridad haya llegado a un “acuerdo” con la justicia norteamericana.

“Hemos tomado contacto con nuestros abogados y al momento no tenemos una información oficial que corrobore que el señor Murillo haya sido excarcelado y haya llegado a un acuerdo con la justicia de EEUU”, aseveró Chávez.

Horas antes, el periodista Junior Arias, del portal Detrás de la Verdad, quien se trasladó hasta Estados Unidos para hacer seguimiento al caso de la exautoridad, afirmó que Murillo salió en libertad.

Según Arias, un juez del sur de Florida dispuso la libertad del exministro bajo una fianza de 500 mil dólares; sin embargo, amprándose en la ley norteamericana, Murillo hizo el pago del 10% (50 mil dólares) para salir del centro penitenciario.

Asimismo, el periodista señaló que Murillo pasó a ser un “testigo protegido” del Gobierno norteamericano, aunque, dijo, se desconocen los motivos.

Empero, el exencargado de Negocios de Bolivia en Estados Unidos, Alejandro Bilbao, desmintió tal versión y aseguró que Murillo estando detenido en suelo norteamericano.

En contacto con radio Éxito, Bilbao, allegado del bufete de abogados que sigue el caso, aseguró que en el expediente de Murillo no se registra ninguna orden de libertad, como había informado el periodista Junior Arias horas antes.

“Hemos accedido al expediente de Murillo y no se registra ninguna orden de liberación, ni de sellar el expediente. Hemos accedido a la página de la prisión del sistema federal de presión, lo tiene registrado a Murillo. Hemos hablado con el secretario de la corte y nos dijo que no hay una orden emitida por el juez y hemos tenido acceso telefónico a a la administración de la cárcel nos han confirmado que él está adentro”, aseveró Bilbao.

Murillo, cabe recordar, fue arrestado acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero en la compra con millonario sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión en el Gobierno de Jeanine Añez.