A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cometió “franco desacato” a la Constitución Política del Estado (CPE) y resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y otras normas por haber procedido a la posesión de vocales de los tribunales departamentales, a excepción de La Paz.

El comunicado, señala que en Potosí se designaron dos de los cuatro vocales del tribunal departamental y en Cochabamba aún no se ha procedido al nombramiento por razones de salud del magistrado Esteban Miranda.

“El acto de juramento se realizó en desconocimiento de la Sentencia Constitucional 01/2021-S4 de 26 de mayo de 2021 que concedió la tutela a dos vocales de Santa Cruz que por medio de un amparo constitucional solicitaron que se deje sin efecto la convocatoria Pública Departamental 36/2020 para la elección de vocales”, señala el anuncio del Ministerio de Justicia.

La mencionada resolución, añade el texto, es de cumplimiento inmediato y obligatorio y dejó sin efecto el reglamento para ulteriores convocatorias “y fue notificado a las 15:55, antes de la cuestionada posesión”.

Según el Ministerio de Justicia, “extrañamente”, funcionarios del TSJ impidieron la notificación y “obligaron a los servidores públicos del TCP a pegar los cedulones en la puerta de ingreso de ese estrado judicial como denuncian los mencionados dependientes del TCP”.

Con relación al departamento de La Paz, el Ministerio de Justicia señala que el diputado Froilán Mamani, promovió una Acción de Cumplimiento que determinó la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional I del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que manda textualmente “la suspensión provisional de posesión de los designados a Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”. “El Ministerio de Justicia ha sido notificado hoy en este proceso como tercero interesado”, añade el texto.

“Estos antecedentes y las denuncias de irregularidades en la designación de vocales de tribunales departamentales eran razones éticas, legales y constitucionales para suspender esos nombramientos”, agrega el documento.