El alcalde de La Paz, Iván Arias, declaró este viernes ante la Fiscalía como testigo en el caso “gases lacrimógenos”, y afirmó que en el gabinete de la expresidenta Jeanine Añez, del que fue parte como Ministro de Obras Públicas, “no se aprobó un decreto para que un exministro (Arturo Murillo) se corrompa”.

“En el caso de gases lacrimógenos, el gabinete (de Añez) firmó un decreto tras cumplir todas las formalidades, se aprobó que compren gases lacrimógenos, según una ley sancionada durante el gobierno de Evo Morales; (…) no se aprobó un decreto para que un exministro se corrompa”, sostuvo Arias al salir de las oficinas de la Fiscalía de La Paz pasado el mediodía.

Las declaraciones de Arias ante la comisión de fiscales que investiga el caso del presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y en el que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, es el principal acusado, se inició a las 12:15 y se extendió hasta las 14.30. “Vamos a acudir las veces que sea necesario declarar”, afirmó.

El Alcalde de La Paz sostuvo lo que dijo antes de ingresar al acto judicial, que “uno de los aspectos que más ha afectado a la credibilidad de la democracia es la corrupción, en estas circunstancias, el peso de la ley debe sancionar a cualquiera que sea encontrado culpable”.

Cuestionó la existencia de políticos que durante años cometieron actos irregulares y que luego fueron protegidos o salieron del país. “Eso ha mellado el respaldo de la ciudadanía en la democracia”, agregó.

“La lógica de ‘yo le meto nomás’ también ha provocado que muchos funcionarios se sientan motivados a cometer cualquier delito, sabiendo que no va haber sanción y ello ha traspasado a todos los gobiernos”, enfatizó.

Más temprano, Arias afirmó que el exministro de Gobierno dañó la democracia con sus actos de corrupción. Murillo está arrestado en Estados Unidos acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero y podría ser encarcelado hasta por 20 años.

Arias aseguró que el decreto supremo aprobado para la compra del material no letal se enmarcó a la Ley 400, de Control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, que fue promulgado el 2013, durante el gobierno de Evo Morales y el mismo establece, precisamente, que la compra de material no letal se lo haga en caso de necesidad y recordó que no fue la primera vez que se hizo adquisiciones bajo este cuerpo legal.

“Nosotros hemos firmado un decreto que establece que se compre en el marco de una ley (400);  lo que nosotros nos estamos enterando —gracias a una investigación de un organismo federal de los Estados Unidos— es que hubo irregularidades”, precisó.

Consultado sobre la posibilidad de extraditar a Murillo, Arias respondió: “ya está preso, que siga el proceso y luego cuando corresponda a los organismos nacionales habrá que seguir con lo que corresponda”.