El juez James Cohn, del estado de Florida en Estados Unidos, denegó una moción presentada por el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, en el marco del proceso en que se los responsabiliza por las muertes de Octubre de 2003, informó el Centro para Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés.

“El juez Cohn deniega las mociones de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, dictaminando que los demandantes establecieron que los asesinatos fueron ilegales según el derecho internacional y, por lo tanto, extrajudiciales, y que los acusados eran responsables”, resumió el CCR, según reporte de Erbol.

Esta información fue ratificada por la página web del Programa de Derechos Humanos de Harvard y agregó que con la decisión se “restablece el veredicto del jurado de 2018”, que concluyó que Goni y Sánchez Berzaín eran culpables de las muertes extrajudiciales y otorgó 10 millones de dólares a los demandantes.

Como antecedentes en este caso se tiene que en 2018 un jurado determinó que Goni y Sánchez Berzaín eran culpables de las muertes extrajudiciales y otorgó 10 millones de dólares a los demandantes. Luego, ese mismo año, el juez Cohn dejó sin efecto el veredicto al observar falta de evidencia, pero posteriormente en agosto de 2020 una Corte de Apelaciones revocó la decisión del juez y le ordenó que se readecúe el proceso.

Ya en noviembre de 2020, el expresidente Sánchez de Lozada y su exministro intentaron nuevamente dejar sin efecto el proceso, presentando la moción para que el juez Cohn decida rechazar los reclamos de los demandantes o, alternativamente, se determine realizar un nuevo juicio. Sin embargo, el pedido fue denegado por Cohn mediante un fallo emitido este 5 de abril de 2021.

Uno de los criterios para justificar el fallo denegado por Cohn señala que “se contravino el derecho internacional con las muertes ocurridas en 2003 causadas por militares bolivianos y que los acusados fallaron en demostrar que no fueron asesinatos extrajudiciales”.

Además afirma que con la autoridad que tenían los acusados al mando de las Fuerzas Armadas se podían prevenir o sancionar las ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2003.

El fallo final del documento anunció que “la Corte ahora entrará a una sentencia final en favor de los demandantes, de acuerdo con este fallo”.

// Con información de Erbol