El presidente del Estado, Luis Arce, reiteró ayer que el proceso iniciado contra exautoridades por el presunto golpe de Estado del 2019 no está motivado por la venganza, sino por la búsqueda de justicia.

“A nosotros no nos mueve ningún afán de odio, de venganza; lo único que nosotros hemos planteado con claridad, lo dijimos en la campaña y lo decimos ahora, es que a nosotros nos mueve el afán de justicia para el pueblo boliviano”, dijo Arce en entrevista con CNN.

La autoridad, en ese sentido,  destacó la importancia de que la justicia llegue para esclarecer las responsabilidades por los 36 muertos en las “masacres” de Senkata, Sacaba, Montero, Ovejuyo y otros, para que “nunca más” ocurran similares hechos de violencia contra la población.

Arce dijo que su postura no cambió en absoluto desde la campaña presidencial ya que escuchó, tras recorrer los nueve departamentos, el clamor del pueblo boliviano que “pedía recuperar la patria y justicia”.

“Justicia, porque no puede ser que alguien instruya apretar el gatillo a los militares y ahora quieran desentenderse de la situación”, sostuvo el Presidente, quien lamentó que los responsables de las masacres ahora denuncien, de manera falaz, que sufren violación a sus derechos y al debido proceso.

El Presidente destacó la importancia de continuar con las investigaciones judiciales competentes “para encontrar a los responsables, para que nunca más pueda ocurrir esto en Bolivia”.

Sin embargo, la autoridad aclaró que el Gobierno no inició el proceso judicial por el cual la expresdenta Jeanine Áñez se encuentra con detención preventiva, ya que dicho juicio viene de la legislatura anterior.

Explicó que el Ejecutivo sí presentó demandas ante los tribunales por casos de corrupción, como el crédito con el Fondo Monetario Internacional.

Consultado sobre la legalidad de la posesión de Áñez, como presidenta, Arce consideró que “hay una inconstitucionalidad, una ilegalidad en el autonombramiento”, pero ese elemento debe ser dilucidado por la justicia.

Recordó que la sucesión constitucional, establecida en la Constitución Política del Estado, indica que, en caso de la renuncia del Presidente, le corresponde esa magistratura a la mayoría política en el Legislativo, es decir al MAS, pero eso no se cumplió, por lo cual ocurrió, al menos, una “irregularidad” en la aplicación de la normativa.

Dijo que esa situación irregular también se evidenció en que un militar le colocó la banda presidencial a Áñez, cuando la norma indica que ese acto es atribución del Legislativo.