La Fiscalía General del Estado admitió tres de las cuatro proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez y varias exautoridades de su Gobierno.

Los casos “Préstamo inconstitucional del FMI”, “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena” y “Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile”, fueron aceptados e informados a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con los memoriales suscritos por el fiscal General, Juan Lanchipa.

En el caso del préstamo del FMI, la acusación fue presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima, en contra de Jeanine Áñez, del exministro de Economía, José Luis Parada Rivera, y del expresidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz.

Las acusaciones son por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Áñez, Parada y Aponte fueron acusados debido a que, presuntamente de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 del 26 de junio de 2020, dispusieron la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó, desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido ascendió a $us 24,3 millones, indica un reporte del Ministerio de Justicia.

Respecto al caso “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena”, la acusación es contra Jeanine Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, y atentados contra la libertad de trabajo.

Esta acusación es por la vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4200. Con esa norma, según la denuncia, utilizó la pandemia por coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas.

Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” para someterlos a “cargos penales por delitos contra la salud pública”.

Sobre el caso denominado “Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile”, éste fue presentado contra Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, y discriminación.

Este caso se refiere a los bolivianos que durante semanas fueron impedidos de retornar al país y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile, en medio de la primera ola de la pandemia.

La cuarta acusación que aún no fue admitida por la Fiscalía se trata de la ampliación de la concesión por 15 años del Registro de Comercio a Fundaempresa.