El expresidente del Estado, Evo Morales, lamentó hoy que “algunos jerarcas” de la Iglesia se pongan del “lado opresor” y pidan la libertad de los “golpistas”.

“Lamentamos las declaraciones de algunos jerarcas de la Iglesia Católica de Bolivia que se ponen del lado del opresor, se olvidan de los humildes y piden libertad de golpistas sometidos a la justicia cuando nunca clamaron ni mencionaron a víctimas de masacres de Senkata y Sacaba”, señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.

El pasado sábado, la Iglesia,  a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), pidió la liberación de la expresidenta Jeanine Añez, asi como sus exministros y ex jefes policiales y militares, todos aprehendidos dentro de las investigaciones iniciadas por el caso del presunto golpe de Estado del 2019.

“La detención y enjuiciamiento de la expresidente de Bolivia, Jeanine Añez, junto a varios de sus ministros, políticos, policías y militares, sin tener en cuenta garantías mínimas constitucionales ni siquiera la presunción de inocencia, confirma la línea de actuación que, lamentablemente hemos visto en el Sistema judicial, que deja impunes a unos y criminaliza a otros, dependiendo del Poder político en cada momento. Exigimos, en respeto al debido proceso, que forma parte de los Derechos fundamentales reconocidos internacionalmente,  la inmediata puesta en libertad de los detenidos”, señala el comunicado de la CEB.

En ese sentido, la Iglesia afirma que no puede callar ante la “persecución política que va en aumento”, “recuerdo de tristes momentos de la historia y no construye confianza, paz y reconciliación entre todos los bolivianos”.

A ello se sumó el domingo el arzobispo de Santa Cruz monseñor Sergio Gualberti, quien afirmó que en el país se observa un ánimo de revancha, donde se califica de golpista al pueblo que defendió su voto y la democracia, mientras “los autores del fraude electoral se muestran como víctimas”.

Ayer, la justicia determinó dictar detención preventiva para la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, acusados por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición dentro del caso del supuesto golpe de Estado del 2019.