La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió hoy que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorice el juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Añez como un “homenaje” a la ciudad de El Alto.

“¿Qué homenaje a El Alto le debe la  ALP? Autorizar el Juicio de Responsabilidades contra Añez, por la masacre que ordenó y ejecutó en Senkata.  Si las 3 fuerzas de la ALP (MAS, CREEMOS y CC) niega el Juicio o dilata su tratamiento, es cómplice del Gobierno Transitorio” (sic), señaló a través de su cuenta de Twitter.

En noviembre de 2019, Añez autorizó un operativo policial- militar en Senkata (El Alto) para desbloquear la salida de garrafas de gas desde la Planta de YPFB. El hecho dejó varios muertos y heridos.

Al respecto, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, también llamó al Gobierno, a la Fiscalía y a la sociedad a no permitir que los responsables materiales e intelectuales de las ‘masacres’ de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019, sigan libres e impunes.

La exhortación surgió este viernes durante una entrevista con el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, en la que Abrão hizo un recuento de las investigaciones técnicas, testimonios, documentos y pruebas que recopiló la CIDH en Bolivia tras los hechos de violencia de 2019.

El exejecutivo de la CIDH exhortó a que la Fiscalía continúe con las investigaciones sobre esas ‘masacres’; y apeló a la participación del grupo de expertos internacionales que indagan sobre los hechos.

“Pero principalmente, la sociedad tiene que generar una conciencia crítica para exigir que estas investigaciones sigan adelante y para no permitir que personas que han sido responsables por estas situaciones criminales puedan seguir libremente, incluso reproducir estas actitudes en el futuro”, manifestó.

Indicó que, por el bien de la democracia, “es necesario llegar a los autores materiales e intelectuales, los que actuaron en esas masacres efectivamente cumpliendo órdenes o no, deliberadamente o no”.

El exfuncionario internacional citó varias veces al “fatídico” Decreto 4078, aprobado por el Gobierno de Añez, que dio “carta blanca” para que policías y militares disparen contra la población civil desarmada, “con el saldo de al menos 36 muertos, 804 heridos, centenares de detenidos, perseguidos y torturados por participar en manifestaciones de protesta”, según información gubernamental.

El exsecretario Ejecutivo de la CIDH dijo que las investigaciones internacionales evidenciaron también la existencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres, casos de homicidios, así como la participación de grupos civiles armados que se atrincheraron del lado de las fuerzas de represión.

Ante la versión de exautoridades del anterior gobierno de que los fallecidos en Senkata y Sacaba “se mataron entre ellos”, el exfuncionario internacional dijo que las investigaciones técnicas más bien determinaron que los manifestantes estaban desarmados y que policías y militares “tiraron para matar”.

Dijo que, según su experiencia, en casos de represiones, los integrantes de las fuerzas militares y policiales suelen llevar armamento distinto a las armas de reglamento, con el fin de confundir las investigaciones, disparar y, luego, aparecer como inocentes.