La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y de la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) acordó rechazar categóricamente las medidas de recorte presupuestario y nueva escala salarial porque el Órgano Judicial tiene constantes requerimientos de presupuesto en relación con la carga procesal y el crecimiento poblacional.

“Si bien se hace necesaria la aplicación de medidas de reducción presupuestaria, éstas deben ser equitativamente aplicadas a la generalidad de las instituciones que componen el Estado. Existe una profunda necesidad de crear nuevos juzgados para afrontar con mayor celeridad los requerimientos del público litigante, aspecto que se verá seriamente afectado y será un perjuicio que pone en riesgo el normal funcionamiento de la institución”, señaló el presidente del TDJ paceño, Jorge Quino.

A finales de enero, el Órgano Judicial, en cumplimiento de la ley financial aceptó un recorte presupuestario, entre el 3% y 11%.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, aseguró que a los magistrados se les redujo 8% (al menos Bs 1.900), mientras que a los administrativos, vocales y jueces una menor proporción.

Entre tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, señaló que el consenso se logró en el marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales.

A pesar de ese acuerdo, el decano Ramiro Campero remarcó este viernes que el tema del salario es un derecho humano, tiene un carácter de intangibilidad y que su concepto es la progresividad y nunca el retroceso.

“En el Órgano Judicial, el Estado y el mundo hay una recesión económica, pero el ajuste económico no puede tocar un derecho fundamental como lo es el salario”, manifestó.

La presidenta de la Amalap, Margoth Pérez, anunció que se interpondrán recursos constitucionales internos para hacer prevalecer sus derechos, y que en caso de no obtener una respuesta positiva a su planteamiento, se acudirá a diversas instancias internacionales.

“La reforma de la justicia requiere un incremento en sueldos y salarios de jueces. Hay que hablar de presupuesto, de la creación de ítems, juzgados, personal de apoyo e infraestructura que se aplicaría a la mora procesal”, dijo la autoridad.

//Periódico Bolivia