El Gobierno boliviano, a través de la Resolución Ministerial N°0043 de la cartera de Salud, aprobada el pasada 27 de enero, fijó los precios de medicamentos y servicios en establecimientos farmacéuticos, laboratorios y clínicas del país.

En ese sentido, la Resolución Ministerial dispone que la atención integral en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en clínicas privadas es de Bs 3.324, por día; la atención integral en la unidad de cuidados intermedios es de Bs 2.604; y la atención integral en sala común es de Bs 1.137.

Además, establece que el costo de los medicamentos en recintos privados debe mantenerse de acuerdo a lo establecido por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed).

Mientras que la ventilación mecánica tiene un precio de Bs 755, según la lista publicada a través de la Resolución.

Asimismo, la Resolución señala que los precios máximos para la prestación de servicios de análisis de laboratorio y de servicios de salud relacionados al Covid-19 en establecimientos de salud del subsector privado, no podrá exceder el 5% del precio señalado por la Agemed.

Desde la primera ola de la pandemia se registraron denuncias por cobros irregulares en la venta de medicamentos y en la prestación de servicios en laboratorio y clínicas, lugar donde incluso se llegó a cobrar garantías por miles de dólares.

La Resolución responde a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), que de acuerdo al artículo 37, señala que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, como una de sus funciones supremas, para ese objetivo se cuenta con mecanismos legales.

La normativa agrega que, para tal efecto, se “coordinará con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y los Gobierno Autónomos, cuando corresponda”.

Es así que el Ministerio de Justicia anunció que a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, continuará realizando verificativos y operativos, para el cumplimiento de los precios establecidos mediante Resolución Ministerial de la cartera de Salud.

La normativa vigente, además establece que la lista de precios debe ser publicada en el plazo máximo de 10 días hábiles, una vez aprobada la Resolución Ministerial, información que deberá permanecer publicada y disponible para la consulta de toda población.