La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una resolución de sobreseimiento a favor de los exvocales del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz: Sandra Kettels, Eulogio Núñez, Ramiro Valle, Gober López y Joshep Pinaya, acusados por el presunto fraude electoral en los comicios generales de octubre del 2019.

En la resolución, los fiscales de materia, Javier Cordero y Mirtha Mejía, señalan que “no existieron los hechos que se les atribuye a lo denunciados”, además de que se ampararon en uno de las principios de la doctrina penal que establece que “es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”.

En noviembre de 2019, poco después de que renunciara Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral, motín policial, paro cívico y pedido militar de dimisión, la Fiscalía inició una serie de acciones con la detención de vocales nacionales y departamentales por supuestas irregularidades detectadas en las justas que dieron un triunfo al MAS.

Empero, hasta hoy no hubo resultados conclusivos en las investigaciones. En esa línea, la semana pasada, el actual ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que en Bolivia no hubo fraude electoral en los comicios registrados en octubre de 2019, sino una “distorsión de la realidad” propiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por una serie de actores en el país para la consolidación del "golpe de Estado".

 “No hubo fraude sino una grave distorsión de la realidad propiciada por Luis Almagro (secretario general de la OEA) y malos bolivianos que han hecho eco de un informe que nunca tuvo las bases suficientes para hacer las afirmaciones que se hizo”, señaló Lima.

Ante la falta de indicios sobre la denuncia de fraude, la Fiscalía también liberó de culpa a los exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz, Marianela Revollo, Freddy Cayo, Florencia Laruta, Juan Pablo Torrez y Antonio Condori, quien el 8 de enero fue posesionado nuevamente en el cargo en representación del Órgano Ejecutivo.

“Ellos (exvocales) han sido criticados, atacados y señalados por muchos líderes políticos como si fueran culpables. Esto se está empezando a revertir no solo en el departamento de La Paz”, dijo el titular de Justicia.

Afirmó que existe el “firme compromiso del Gobierno” de que los casos que tienen que ver con denuncias de fraude electoral queden aclarados. “No se ha podido demostrar la existencia de una sola acta que pueda ser considerada fraudulenta”, agregó.

“Estos sobreseimientos que se están dando en la Fiscalía van a marcar una línea de acumulación de pruebas para establecer con claridad que Luis Almagro y la OEA han sido parte del golpe de Estado en el país”, consideró.

Sostuvo que es una “obligación” del Ministerio de Justicia que la reconciliación de los bolivianos se base en el debido proceso y no en la detención arbitraria como lo que ocurrió en el régimen de Jeanine Áñez.