La ministra de Culturas, Sabina Orellana, denunció este martes que se evidenció anomalías y abondo en la administración de las obras culturales del país durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez.

“No se puede permitir que la plata del estado boliviano se malgaste, no podemos utilizar las instituciones para beneficio de personas que no cumplan los requisitos que se exigen en las normas. Para establecer responsabilidades de los actos del gobierno de facto se realizarán auditorías especiales, auditorías programadas, verificación del área de transparencia y otros mecanismos de control”, anunció la autoridad, según el reporte del Periódico Bolivia.

Detalló que durante el Gobierno transitorio se realizó la contratación de personal que no cumplía con requisitos exigidos en las entidades públicas, tampoco se realizaron los pagos de sueldos, subsidios y otros.

Orellana detalló que en el caso de las deudas, el Gobierno de Áñez incumplió con el pago de Bs 794.886,25 que se tenía hasta 2019, por 59 procesos de contratación de servicios, adquisición de productos, publicidad, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipo, y material de limpieza y servicios básicos.

Afirmó que “con el golpe de Estado” se paralizó el funcionamiento de los centros culturales de La Sombrerería de Sucre, Centro de Investigación Arqueológica, Antropológica y de Administración Tiahuanaku  (CIAAAT), la Agencia para el Desarrollo Audiovisual y el Cine (Adecine), el Foro de Antiguas Civilizaciones, además de la restauración y funcionamiento de La Casa Agramont, entre otros.

De los 440 archivos del personal entregados hasta el momento al Ministerio de Culturas, se revisó 273, de los cuales en 30 archivos no se encuentran las libretas de servicio militar, vulnerando así el Art. 234 de la Constitución. También se identificó la contratación de Jefes de Unidad a personas que no tenía título profesional.

// Con información del Periódico Bolivia