La Confederación de Choferes anunció hoy que cumplirá un paro y bloqueo nacional el próximo martes 12 de enero, exigen la ampliación del diferimiento de créditos, el no pago del SOAT y condiciones para reactivar económicamente a su sector.

“No vamos a permitir que toquen la magra economía de nuestro sector. No somos culpables, no es que no queremos pagar (los créditos), queremos condiciones para pagar”, afirmó el representante del sector, Ismael Fernández, en conferencia de prensa.

En ese sentido, se anunció que los choferes bloquearan todas las rutas y carreteras hasta con sus propias movilidades y denunció que su sector no recibió apoyo del Gobierno para reactivar la economía del sector.

Hace pocos días, cabe recordar, el Ministerio de Economía sacó un comunicado en el que afirma que  sostuvo reuniones con la dirigencia de los choferes y autotransporte boliviano en siete oportunidades, entre el 26 de noviembre y el 28 de diciembre de 2020, para informar y atender los requerimientos de este gremio sobre el refinanciamiento y/o reprogramación de créditos dispuestos en el Decreto Supremo N°4409.

Asimismo, el Ministerio señaló que se aclaró al sector transportista que el periodo de gracia, que ahora tiene como base cuatro meses, se aplica a todos los prestatarios que refinancien y/o reprogramen los créditos que fueron beneficiados con el diferimiento.

“El 28 de diciembre de la gestión pasada, se hizo conocer a la alta dirigencia de los choferes, las propuestas acordadas que, entre otros aspectos, consideraba el periodo de gracia”, señala el comunicado del Ministerio.

El pasado 5 de enero, el Gobierno Central decidió otorgar un periodo de gracia de cuatro meses para la reprogramación y/o diferimiento de créditos con cuotas diferidas.

A través de la Resolución ASFI 32021 se establece un periodo de gracia, de al menos cuatro (4) meses, para las operaciones de refinanciamiento y/o reprogramación de créditos cuyas cuotas fueron diferidas, en el marco del Decreto Supremo N°4409 de 2 de diciembre de 2020.

“Con esta modificación se posibilita que aquellas personas que todavía, a pesar de todas las ventajas que se han establecido en el Decreto Supremo 4409, pudieran tener alguna dificultad para la cancelación de los créditos, puedan tener como mínimo una base de cuatro meses, y en función a la evaluación que se haga podrán, con la entidad financiera, acordar un plazo mayor”, dijo la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.